Por Luisa García Pelatti
Hace seis años, la firma Estudios Técnicos, Inc. realizó proyecciones que indicaban que, creciendo a un ritmo de 1.8% al año, la economía no regresaría al nivel que tenía en el 2006 hasta el 2016. Ahora, tras revisar esas proyecciones, la firma estima que alcanzar esa meta no será posible hasta 2023. “La economía ha perdido 16 o 17 años de su evolución y eso implica unos cambios estructurales grandes”, señaló José J. Villamil, presidente de la Junta de Directores de Estudios Técnicos, durante su participación en una conferencia ante la Asociación para Profesionales de Finanzas celebrada la semana pasada.
Villamil opina que se han cometido muchos errores en los últimos años que han llevado a la economía a la situación donde se encuentra. Las comunidades especiales descapitalizaron el Banco Gubernamental de Fomento (BGF); y se financiaron proyectos como el tren Urbano que cuesta $150 millones al año. Pero el “error más grande fue no tomar medidas temprano en el 2013”. Porque desde enero de 2013 se sabía que había problemas de liquidez y el Gobierno no hizo nada hasta mediados de ese año, cuando aprobaron 15 contribuciones.
“Uno de los errores más serios fue no aprobar el proyecto de la ‘crudita’ en noviembre de 2014”. El proyecto fue presentado por el Ejecutivo en noviembre del 2014 para brindar liquidez al BGF, a quien la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) le adeuda más de $2,000 millones. Se buscaba emitir $2,950 millones que habrían resuelto el problema de liquidez del BGF. Tras varias enmiendas, la legislatura aprobó finalmente el proyecto el 15 de marzo de 2015. Pero la emisión garantizada por ese arbitrio nunca se pudo hacer. Las enmiendas introducidas por la Legislatura en efecto constituyeron un rechazo a esa legislación y el costo de no haber aprobado ese proyecto lo estamos pagando todavía. Pero ha habido otros errores, como la falta de transparencia del Gobierno y cómo se ha dado la información, asegura.
Por otra parte, el 30 de diciembre, el Gobierno activó la cláusula de “clawback”, cuyo objetivo es redirigir los fondos que respaldan ciertas obligaciones financieras de emisores como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) , la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (Convenciones), entre otros.
“Lo que hizo el Gobierno fue reducir las reservas de esas agencias para pagar deudas”, y técnicamente eso es un impago, asegura Villamil. El “clawback” permitió pagar una deuda de unos $1,000 millones, pero se dejaron sin pagar $37 millones. Y explica que después de decir que no tenían dinero, el Gobierno tenía que mostrar evidencia de ello, por eso el impago, aunque fuera de una cantidad pequeña. “La realidad a es que el ‘clawback’ contribuyó muy poco a los $1,000 millones”.
¿Pero tiene o no el Gobierno dinero para pagar la deuda? Villamil opina que ya no hay flexibilidad para seguir cortando los gastos del Gobierno. Que es muy difícil recortar el presupuesto y que hacerlo implicaría despidos. Reducir $200 millones en la nómina generaría una pérdida de empleo para unas 7,000 personas.
“La otra opción es aumentar las contribuciones y eso tiene su complicación. Lo que ocurre es que las contribuciones que se han aumentado no son la que se debían haber aumentado”. Villamil se refiere, por ejemplo, al impuesto de 4% que pagan desde octubre las empresas por los servicios entre empresas. “Es una contribución terrible. Es una contribución sobre la actividad económica y tiene unas implicaciones nocivas para las pequeñas y medianas empresa”.
“El equipo de contribuciones del Gobierno se ha olvidado de algo fundamental. Los sistema contributivos tiene que ser sencillos, fáciles de implementar y de administrar y que no conlleven costos”.
Por otro lado, Villamil también se opone a la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en próximo mes de abril. Asegura que es un buen sistema, pero tiene unos costos de implantación “y eso lo que sugiere es que no es el momento adecuado”. No es el mejor momento por la situación económica. En los últimos 10 años se han perdido sobre $100,000 millones en riqueza, que incluye valores de los bancos y el valor de las viviendas.
El gobierno no tiene muchas opciones y se acerca la fecha crítica de 1 de julio, cuando el Gobierno deberá hacer frente a un pago de $1,300 millones, un dinero que el Gobierno no tiene.
Villamil tampoco vería con buenos ojos que se estableciera una junta federal de control fiscal. “Creo que es una grave equivocación”, comentó. “No saber quién la va a componer; no saber cuáles serán sus responsabilidades. Es una media muy peligrosa”.
