Por redacción de Sin Comillas
En el Congreso de Estados Unidos se discute el establecimiento de una junta fiscal, similar a la que se adoptó en Washington DC, que tomaría control de todos los aspectos relacionados al presupuesto y de las finanzas públicas de Puerto Rico. Pero esa no es la única opción que existe para la isla.
El Centro para una Nueva Economía (CNE) propone que la Legislatura adopte una Ley de Responsabilidad Fiscal que limitaría el gasto del Gobierno y no estaría sujeto a las fluctuaciones a corto plazo que registren los ingresos. La Ley tendría dos componentes: una regla fiscal simple, fácil de entender y objetiva y guías procesales que den paso a una reestructuración a gran escala de los sistemas, instituciones y prácticas de gerencia fiscal.
En un análisis realizado por el CNE se presentan una serie de propuestas de política pública que pueden sentar las bases para una reestructuración amplia de la infraestructura fiscal de Puerto Rico. “Partimos del convencimiento de que un esfuerzo impulsado localmente para reformar las instituciones clave y adoptar una regla fiscal bien diseñada puede transformar la posición fiscal de Puerto Rico e introducir a la vez reformas de gobernanza que aseguren la solvencia y sostenibilidad fiscal del gobierno en el largo plazo. Entendemos que las propuestas que esbozamos abordan tanto las preocupaciones legítimas del gobierno federal como los reparos políticos que han surgido en la isla alrededor de la propuesta para una junta de control fiscal”, señala el informe.
Las reglas fiscales son mecanismos que permiten el establecimiento y el monitoreo de objetivos y estrategias fiscales. Ganaron popularidad a partir de la década de 1990 y actualmente son utilizadas en países de Europa, Asia y América Latina. El deseo de establecer mecanismos institucionales permanentes ha llevado a su vez a la adopción de Leyes de Responsabilidad Fiscal.
“Una regla fiscal robusta y bien diseñada toma en cuenta la naturaleza cíclica del ingreso gubernamental a la vez que provee para que la deuda pública sea sostenible a largo plazo”, dijo Sergio Marxuach, director de Política Púbica del CNE, que propone una regla para Puerto Rico que requiera que el gasto del Fondo General no exceda los ingresos ajustados cíclicamente, menos un pequeño superávit estructural.
El objetivo es que Puerto Rico adopte prácticas presupuestarias estratégicas: presupuestos guiados por normas de desempeño; utilizar horizontes de gastos de mediano plazo; reformar los procesos de compras que fomentan el comportamiento oportunista y la “cacería de rentas” (“rent-seeking”) por parte del sector privado; y aplicar y ejecutar la regla fiscal que explicamos arriba.
Se recomienda que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) deje atrás su rol como ente dedicado a financiar los déficits gubernamentales, y se convierta en un verdadero banco de desarrollo enfocado en financiar proyectos de desarrollo económico que no obtienen financiamiento privado o que tienen importancia estratégica. Bajo el nuevo sistema, no habrá absolutamente ningún rescate para las agencias públicas que gasten más de lo presupuestado, para corporaciones estatales insolventes, o para municipios en bancarrota.
Se debe mejorar sustancialmente la capacidad analítica de la rama legislativa, creando una oficina legislativa de presupuesto con la capacidad de cotejar y retar los supuestos económicos y fiscales que utiliza el ejecutivo en la confección del presupuesto.
Además, las tres agencias a cargo de las finanzas públicas –BGF, el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto– tienen que establecer procedimientos para coordinar entre sí las políticas públicas. También tienen que mejorar sus capacidades operacionales y de ejecución, incluyendo el reclutamiento de recursos humanos capacitados, establecer sistemas de información integrados, y mejorar los controles internos, así como las capacidades de auditoría interna y monitoreo en tiempo real.
La implementación de la Ley de Responsabilidad Fiscal requerirá el establecimiento de un ente supervisor autóctono que sea independiente y duradero.
Finalmente, el informe recomienda publicar sus informes financieros auditados para el año fiscal 2014 a la mayor brevedad posible. Debe además implementar las políticas que sean necesarias que aseguren la producción y publicación oportuna de estos informes auditados en el futuro.
