Por redacción de Sin Comillas
El municipio de San Sebastián se opone a la creación de un Comité de Acreedores integrado por los municipios, según una objeción presentada el jueves ante el tribunal que atiende los casos de Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés).
Varios grupos se han constituido en comités de afectados por la solicitud del Título III. En el caso de 11 municipios, que reclaman que la petición de Título III y el plan fiscal y el presupuesto aprobados les afectará reduciendo la cantidad de fondos que reciben del gobierno central.
El documento presentado ante el tribunal por el abogado John Mudd señala que los municipios no tienen control de los fondos que reciben del presupuesto, que es responsabilidad del gobierno central, la legislatura y Junta de Control Fiscal, y que no está relacionado con la petición de Título III.
Por otro lado, aunque está de acuerdo en que las aciones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) afectan a los presupuestos de los municipios, señala que el BGF no está en Título III y que los 11 municipios que solicitan crear el comité no explican cómo se van a ver afectados de forma diferentes a como se verán afectados el resto de la población de la Isla.
“La realidad es que ningún Comité puede representar adecuadamente los intereses de los municipios como un todo ya que tienen diferentes intereses”, indica el documento presentado en el tribunal. Las diferencias complicarían cualquier negociación.
