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Relacionistas Profesionales radican querella contra la AEE

Por redacción de Sin Comillas

La Asociación de Relacionistas Profesionales (ARPPR) presentó una querella formal contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ante la Junta Reglamentadora de Relacionistas, al asegurar que entiende que no sólo se ha violentado la ley que reglamenta la profesión en Puerto Rico, sino que inclusive el contrato se convierte en uno nulo y redunda en mal uso de fondos públicos.

“Una de las cosas más lamentables en este caso es la violación de ley por parte de una instrumentalidad gubernamental. Los objetivos descritos en el contrato coinciden claramente con las funciones descritas en la ley 204 de 2008 que regulan la práctica de las Relaciones Públicas en Puerto Rico”, indicó Edgardo Sanabria, presidente de la ARPPR.

La ARPPR expresó preocupación ante las expresiones hechas por el Comité ad hoc nombrado por la AEE de que se enmendaría el lenguaje del contrato y señalaron que una actuación como esa puede representar cargos criminales y/o éticos contra el Director Ejecutivo, su Junta de Gobierno y todos los funcionarios de AEE en su carácter personal, que de una forma u otra hayan tenido que ver con este contrato y sus potenciales enmiendas.

Recientemente la Junta de la AEE acogió la recomendación del comité ad hoc para enmendar el contrato “a los fines de que se refleje claramente la voluntad contractual de las partes, así como la realidad con relación a la ejecución y prestación de los servicios de parte de J. Frank.” El contrato original presentado es para servicios de relaciones públicas que incluyen funciones con públicos en Puerto Rico. De igual manera, ese comité determinó que las relaciones públicas no son comunicación estratégica, lo cual está más lejos de la verdad.

Otro señalamiento presentado por la Asociación de Relacionistas es que el proceso de contratación refleja serias irregularidades en su adjudicación puesto que el mismo día en que se incorpora la firma J. Frank & Asoc. para hacer negocios en Puerto Rico se le firma el contrato por $1 millón de dólares y se radica el mismo en la Oficina del Contralor.

La ARPPR recordó que una corporación autorizada a hacer negocios en Puerto Rico, como es el caso de J. Frank & Associates, se le imputa el conocimiento de ley como a cualquier otra persona natural o jurídica y son responsables de asesorarse sobre las leyes que regulan la práctica de las Relaciones Publicas y sus respectivas funciones en Puerto Rico, según descritas en la Ley 204, antes de firmar dicho contrato.

“Una de las razones por las que se creó la ley que nos regula, además de asegurar que los profesionales de las Relaciones Públicas cumplan con los estándares éticos y de capacitación académica apropiada, es velar por el interés público, y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. El gobierno y sus instrumentalidades deben ser el principal custodio de las leyes, no el primero en infrigirlas”, señaló Sanabria.

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Contacto: Luisa Garcia Pelatti