Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Relacionistas Profesionales (ARPPR) radicó querellas formales ante las Oficinas de Ética y del Contralor, respectivamente, en las que solicita el inicio de una investigación sobre el mal uso de fondos públicos. Asimismo como de fallas éticas por parte de funcionarios de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en el contrato suscrito a la firma norteamericana de relaciones públicas J. Frank &Associates. Ello se suma a la querella radicada ante la Junta Reglamentadora de Relacionistas por aparente violación a la Ley 204 que reglamenta el ejercicio de las relaciones públicas en Puerto Rico, la cual solicitan se atienda con premura antes que se venza dicho contrato otorgado con visos de ilegalidad.
Según el presidente de la ARPPR, Edgardo Sanabria Mariani, los documentos provistos por la AEE a solicitud de ARPPR y de la Junta Examinadora denotan claramente una violación de ley. “Según se desprende de facturas e informes de tareas de la mencionada firma extranjera, los trabajos realizados estaban relacionados en su mayoría a atender audiencias locales como lo son organizaciones empresariales del País y la Legislatura. No es cierta la versión original provista por el director ejecutivo de la AEE en la que se alegaba que los servicios de la firma mencionada iban dirigidos a atender relaciones con inversionistas en el exterior. Resulta obvio que el ejercicio de la práctica de las funciones descritas en el contrato fue a nivel local en clara violación a la ley”, explicó Sanabria Mariani.
“Facturaron más de $500,000 en solo 45 días de un contrato que podría ser declarado nulo. Es importante y urgente que la Junta Reglamentadora cite a ambas partes en una misma vista para evitar dilaciones innecesarias. AEE ha solicitado a través de sus abogados diversas prórrogas para impedir que se evalúe nuestro reclamo de forma justa e imparcial poniendo en tela de juicio la legitimidad de nuestra organización para radicar la querella y de la Junta Reglamentadora para evaluarla. Por otra parte, cada funcionario de AEE involucrado en la otorgación o supervisión de los trabajos ofrecidos por dicha firma es responsable, en su carácter personal, de esta ilegalidad y por cada día que transcurra, la situación es más grave para AEE. Por ello, también hemos radicado una querella en la Oficina de Ética”, expresó el presidente de la ARPPR.
Según informó el portavoz de ARPPR, el mismo día que alegadamente se inició la contratación de J. Frank & Associates LLC facturó a la AEE sobre $28,000 por más de 50 horas alegadamente trabajadas. “Entendemos que todo esto amerita una investigación exhaustiva de la Oficina del Contralor. Por otra parte, por realizar tareas de monitoreo de medios o recortes de cobertura de prensa, una ejecutiva de dicha firma, con apenas cinco años de experiencia, factura $310 por hora a la AEE. Esto también es un derroche de fondos públicos en medio de una crisis fiscal que amerita ser investigado”, subrayó Sanabria Mariani. La ARPPR no descarta recurrir a otros foros para llevar su reclamo.
La AEE rechaza las imputaciones y señala que está cooperando con la investigación que realiza la Junta Reglamentadora de Relacionistas. Destaca que la Junta desvinculó la querella presentada por la ARPPR de la investigación que realiza, toda vez que la Junta no tiene facultad para entender en los señalamientos de la querella presentada por la ARPPR. La AEE considera impropio que el presidente de la ARPPR ventile públicamente y adjudique unilateralmente asuntos que están ante la consideración de los foros pertinentes.
