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Por Luisa García Pelatti

Hace unos años Internet era un gran red pacífica en la que las comunicaciones fluían a gran velocidad y parecía intocable. Pero los gobiernos se han dado cuenta de que Internet se puede utilizar para cometer delitos y generar estructuras criminales y quieren establecer mecanismos de control. Con frecuencia esos mecanismos de control chocan contra los derechos de acceso a la información de los ciudadanos y es por ello que se plantea el debate de la regulación. Pero la regulación es también para poner límites a la información de los usuarios que pueden acumular las empresas privadas y que puede llegar a los gobiernos en aras de la seguridad nacional.

De cómo esa regulación se está haciendo en varios países habló el juez español Baltasar Garzón, que está en la Isla para impartir hoy una charla magistral durante la ceremonia de clausura de la Asamblea Plenaria de Regulatel, la entidad internacional que agrupa a las entidades reguladoras de América Latina, España, Italia y Portugal. Garzón aprovechará su estancia para reunirse con la presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, y con rectores de varias universidades.

“Estamos en un mundo de las comunicaciones cada vez más globalizadas, y eso comporta ventajas e inconvenientes”, advierte Garzón. Para empezar hay que decidir si Internet es un medio de comunicación o es otra cosa.

Hay que decidir si con la regulación se quiere generar un marco jurídico donde se considera a Internet como un  medio de generar contenido y se limita lo que se publica por cuestiones de seguridad nacional o Internet es una estructura tecnológica donde no importa el contenido que tenga más allá de lo que un juez pueda decir que es legal o ilegal. “Es la fricción entre un planteamiento de seguridad nacional y un planteamiento de protección jurídica. De lo que antepongas vas a tener un marco mucho más amplio o más estricto”, dijo Garzón, que defiende un modelo en el que no se controlen los contenidos. “El contenido para mi es fundamental, no se puede ir hacia el control del contenido”.

“La regulación puede ser meramente tecnológica o entrar en contenidos. Si es meramente tecnológica lo puedo entender, si es en contenidos hay un grave conflicto que poco a poco tiene que irse dilucidando”, y añade que “desde mi punto de vista, no se puede estar de acuerdo en que la seguridad nacional lo sea todo. Y ese es un riesgo evidente.  Si no hay un control de seguridad jurídica que establezca una frontera, puede generar una expansión de proporción planetaria”.

Además, está el derecho al olvido. Se refiere a la información sobre las personas que está en Internet y que se queda para siempre allí sea cierta o no. El tribunal de las comunidades europeas de Luxemburgo ya ha dictado varias sentencias diciendo que no puede quedarse una información colgada eternamente en Internet.

Garzón explica que la regulación no significa intervención ni control. Es un marco jurídico donde se puede y se debe garantizar la neutralidad. Por ejemplo, un abuso que se está produciendo hoy en día, y que está en poder de servicios de inteligencia de varios países, es el uso y acumulación de las fotografías que, como avatar, se ponen en aplicaciones como Whatsapp. “Es una situación que no tiene regulación”.

Garzón dice que Argentina es “el país que más está avanzado en ese ámbito. Ha establecido toda una serie de normativas que ha sido avalada por la Corte Suprema Argentina.

Otro modelo que ha avanzado mucho es el europeo, con la carta de derechos de Internet. “Creo que, probablemente, el Parlamento Europeo va ser el foco más progresista que va a haber en este ámbito, mucho más que EEUU, que tiene una obsesión intervencionista o de control bastante mediatizado por los problemas de seguridad que tiene”.

La clave parece estar en que el ciudadano europeo está más consciente de cuáles son sus derechos frente a empresas como Google. Sin lugar a dudas, no es casualidad que la primera sentencia que haya salido haciéndose eco del derecho al olvido haya saldo del Tribunal de Comunidades Europeas”, dice.

El caso Julian Assange

Garzón es uno de los abogados que está defendiendo a Julian Assange, fundado de WikiLeaks. Desde hace dos años, Assange está encerrado en la embajada de Ecuador en Londres, tras pedir asilo al sentirse perseguido por el gobierno de EEUU como resultado de la filtración de numerosos documentos clasificados, y al que le aplica una ley de espionaje de 1917. Assange enfrenta acusaciones por violación en Suecia y teme ser arrestado si abandona la embajada.

“En este momento estamos planteado acciones legales ante el tribunal de apelaciones en Estocolmo, Suecia, sobre la petición de libertad por la inactividad de la autoridad judicial sueca, porque en dos años prácticamente no se ha avanzado nada y hay una situación de riesgo humanitario claramente tangible. Esta persona está en un espacio de terreno muy limitado, la sede diplomática de Ecuador. Sin poder salir al exterior, sin que le den los rayos del sol, sin garantías de que si tiene un problema médico va a poder ser atendido porque puede ser detenido”.

“Estamos buscando un salida que haga compatible el derecho de asilo y la responsabilidad, que no aceptamos pero que asumimos, de que tenga que debatir en los tribunales suecos”, explicó el juez.

Lo que quiere la defensa es que le se otorgue el salvoconducto para que Assange pueda viajar a Ecuador y después pueda responder a la justicia sueca. Pero Garzón señala que Assange “siempre va a tener la espada de Damócles encima de saber que va a ocurrir con el proceso de EEUU”.

Explica que lo único que saben de ese proceso es que desde hace dos años hay un gran jurado investigando, pero que no se han formulado cargos, pero se pueden formular en cualquier momento. “A pesar de que se ha solicitado información no se ha dado, con lo cual el derecho de defensa está bastante limitado”.

Sobre Oscar Lopez Rivera

A preguntas de la prensa sobre su opinión sobre la condena de más de 30 años que cumple Oscar López, aunque dijo que no tiene todos los detalle del caso de Garzón comentó: “no puedo estar de acuerdo en condenas de esas proporciones”. El juez comentó que los cargos por conspiración “son un cajón de sastre donde cabe todo”.

Garzón asesora a una ciudadana española-dominicana con una condena de 10 años por cargos de conspiración en EEUU. “La conspiración es una definición tan amplia que es un tipo penal en blanco. La inseguridad es absoluta, y si a eso le añades contenido político e ideológico, la prudencia al establecer penas debería ser mucho mayor. La condena de 30 años me parece desproporcionada y hace años que deberían haber revisado esa condena”.