Por Luisa García Pelatti

Ir a Washington DC a pedir un trato igual para Puerto Rico en la reforma contributiva que se debate en el Senado de Estados Unidos sería un error. Jugar con las mismas reglas es una desventaja para Puerto Rico, advirtieron los economistas Eileen Segarra y Juan Lara durante su participación en el programa de Radio Universidad “Hilando Fino”.

La reforma federal impondría un impuesto de 20% sobre los productos manufacturados por las corporaciones foráneas (CFC, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico que son vendidos a sus matrices en EE.UU., y un 12.5% sobre la propiedad intelectual.

“Se dice que lo que no es igual es ventaja, pero en el caso nuestro lo que es igual es desventaja”, apunta Lara, profesor de economía de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, que habla de un efecto devastador para Puerto Rico si se aprueba la reforma. Si las CFC en Puerto Rico tuviera el mismo trato contributivo que las corporación que están en Estados Unidos y en el extranjero, la posición competitiva de la Isla estaría en desventaja.

Los economistas señalan que Puerto Rico necesita un trato diferenciado. Y ahí está el problema. Conseguir un trato diferenciado no es fácil. En el Congreso de Estados Unidos “no hay mucha simpatía por darnos un trato diferenciado”.

Segarra y Lara explican que no está clara cuál es la posición del Gobierno. Por un lado, está la propuesta del gobernador y la Asociación de Industriales que buscan un incentivo atado a la creación de empleos y la propuesta de la Comisionado de Puerto Rico en Washington que va en la dirección de obtener créditos especiales. Si Puerto Rico se queda bajo las mismas reglas que el resto de Estados Unidos eso sería devastador.

“Lo que el gobernador está tratando de hacer en preservar las CFC, mantener la personalidad jurídica sin el arbitrio del 20%”, señala Lara. Las CFC generan 75,000 empleos y contribuyen con el 30% de los recaudos de Hacienda.

“Nos estamos enfocando en la dirección incorrecta”, opina Segarra. “Estamos agarrándonos a un sistema que ya dio lo que iba a dar. Seguidor tratando de aferrarnos a eso cuando sabemos que nos da más nos desvía de negociar otras cosas”. Y propone negociar que la contribución del 20% no se aplique de inmediato en Puerto Rico, que se negocie la creación de un fondo de inversión para el desarrollo de proyectos de alto riesgo que fomente el desarrollo de industria locales.

Para contrarrestar el efecto detrimental en las CFC, Segarra optaría por exigir ayuda para Puerto Rico “que permitan crear otro modelo que no dependa de las decisiones del Congreso”.

La dependencia de las CFC

De cada dólar que el Departamento de Hacienda recaudó durante el año fiscal 2017, 22 centavos provienen de las contribuciones que pagaron las corporaciones foráneas a través de la Ley 154. 

El fisco recibió $2,078.2 millones por concepto de este arbitrio en el año fiscal 2017, una cifra que está $215.9 millones por encima del año pasado, lo que representa un alza de 11.6%. Es la cifra anual de recaudos más alta desde que se aprobó la ley.

Desde que entró en vigor la Ley 154, en enero de 2010, ha logrado recaudar $11,978 millones. La Ley 154, que se aprobó para compensar la caída de los ingresos del fisco, estableció un arbitrio de 4% sobre las ventas a empresas foráneas con operaciones en Puerto Rico. La tasa debía bajar a 3.75% en el 2012 y a 2.75% en el 2013, y seguiría reduciéndose paulatinamente hasta su eliminación en el 2017. La Ley 154 asumía que la recuperación económica se materializaría mientras el impuesto bajaba escalonadamente. Pero las expectativas no se cumplieron.

En el 2013, se modificó esa ley para eliminar las reducciones en la tasa del arbitrio, y en su lugar, establecer una tasa fija para el arbitrio de 4% para los años 2013 al 2017. El plan de ajuste fiscal presentado por el Gobierno incluyó extenderla vigencia del impuesto de 4% a las corporaciones foráneas hasta diciembre de 2021.

Este impuesto lo pagan alrededor de 20 empresas. Unas nueve o 10 empresas pagan el 80% de de lo que se recauda.

“No somos ni el rabo de ese perro”

Esta reforma es algo que han estado pidiendo las grandes corporaciones hace tiempo. Quieren un sistema fiscal territorial, que es lo que existe en todo el mundo. Las corporaciones “pagan donde operan y se acabó”. “Es lo que prevalece como norma en la economía internacional. Las corporaciones de Estados Unidos han dicho que están en desventaja porque juegan con reglas distintivas”, explica Lara. A la medida le han incorporado un elemento nacionalista, que fue una promesa de campaña de Trump, penalizar a las empresas que operan fuera para que vuelvan generar empleos en Estados Unidos.

Lo importante de este debate es “que no nos dañe. Puerto Rico no es ni siquiera el rabo de este perro. Nos llevan remolcados”, porque las CFC quedarían sujetas a un arbitro y no tendrían ninguna ventaja para estar aquí y “dejan de ser un elemento de nuestros futuro económico”.

La reforma contributiva que se debate en el Senado de Estados Unidos, y que el partido republicano espera tener aprobada para antes de Navidad, tiene como principal medida la bajada de los impuestos a las corporaciones, que pasaría del 35% al 20% y ventajas fiscales para la repatriación de los prácticamente $3 billones que tienen en paraísos fiscales una serie de empresas de Estados Unidos, y que han sido obtenidos por sus operaciones en otros países.

La reforma implica que los pobres, la clase media y la alta pagaran más impuestos, y la parte con más ingresos de los contribuyentes –no el famoso 1%, sino el 0.5%– pagará menos, según estimados del Institute on Taxation and Econmic Policy, un think tank que trabaja con temas de política fiscal.