Por redacción de Sin Comillas
La decisión de la Junta de Control Fiscal de aprobar una reducción de dos días al mes en la jornada laboral de los empleados ha desatado reacciones de todos los sectores.
La Organización Servidores Públicos Populares aseguró, a través de su presidente, Juan Vega, que los servidores públicos se sienten indignados ante la aprobación de la reducción de la jornada laboral. “Para nosotros como organización, la cual reúne a compañeros servidores públicos, la aprobación de una reducción a la jornada laboral es golpe nefasto no solo para los miles de puertorriqueños que trabajan en el gobierno, sino que representa una acción detrimental para nuestra economía”, afirmó Vega.
Por su parte, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, manifestó que “ya los municipios han sentido el ultraje de ver sus recursos secuestrados y tener que reducir, o eliminar, servicios esenciales para proteger el derecho de nuestra gente a una vida plena. No se puede vivir entre basura y escombros; no se puede llegar al trabajo sin transporte; no se pueden cuidar nuestros niños sin medicinas en nuestros Centros de Salud. Y hoy pretenden quitarles a los servidores públicos el dinero para mantener a sus familias y con ello continúan condenando a los puertorriqueños a la falta de servicios y a la pobreza”.
“La tímida queja del gobierno no es suficiente; el sentido de impotencia no puede evitar que enfrentemos la verdad. Hay que parársele de frente a la Junta. Así de sencillo. Hay que parársele de frente con la protesta pacífica; hay que hacerle frente en las cortes, en la comunidad internacional o donde quiera que nos escuchen. Hay que desobedecer a la Junta y obedecer la conciencia de un pueblo que tiene que perder el miedo y dejar de pensar desde la comodidad de lo que puede ser si los de allá son “buenos con nosotros”.
La Asociación de Industriales (AIPR) expresó su preocupación ante la propuesta de reducir la jornada laboral del gobierno. “Tenemos reservas serias sobre esta propuesta no solo por el impacto social, sino por el impacto que tendría en la economía, anunció Rodrigo Masses, presidente.”Aunque el gigantismo gubernamental y el costo que ello implica, han sido denunciados consistentemente por la AIPR, en estos momentos una reducción en la nómina gubernamental tendría un impacto negativo en la economía”.
“Además, en los últimos años el tamaño del gobierno se ha reducido. Según los datos disponibles la fuerza laboral del gobierno se ha reducido de 310 mil en el 2004 a unos aproximados 200 mil en el 2017 Por otro lado, el gobierno tiene como herramienta la Ley del Empleados Único que provee al gobierno la flexibilidad de mover al personal entre agencias para aumentar su productividad”.
“La Junta debe entender que, en una economía como la nuestra, las medidas de corrección fiscal no pueden pasar por alto el impacto económico y social. Se ha mencionado en distintas ocasiones que el ejemplo de California, en que se implantaron medidas similares, provee las bases para optimismo en cuanto a que, de aplicarse dichas medidas, la economía resurgirá. Es un error pues la situación de California es muy distinta a la nuestra. Su economía crecía y su población aumentaba, contrario en ambos casos con la situación en Puerto Rico. Además, su nivel de ingreso per cápita es varias veces el nuestro y su nivel de desocupación muy inferior”.
Además, a la AIPR le preocupa inmensamente que el Gobierno y la Junta tengan posiciones en conflicto, como parece ser el caso con respecto al recorte de jornada de trabajo. Lo menos que necesita la economía de Puerto Rico en este momento es un mayor nivel de incertidumbre que es lo que el conflicto entre ambas partes genera.
Hacemos un llamado a la Junta y al Gobierno a que busque los medios para lograr acuerdos sobre las medidas necesarias para enderezar las finanzas públicas. El bienestar económico y social de Puerto Rico está en la balanza, dijo Masses.
“Hoy es un día triste para Puerto Rico. Ante la inhabilidad de la Administración Rosselló y la legislatura PNP de tomar medidas efectivas, claras y confiables para reducir el gasto público, la Junta de Supervisión Fiscal puso en vigor lo que ya anticipaba el Plan Fiscal certificado y celebrado por Ricardo Rosselló en marzo: otra factura que pagarán los servidores públicos. Duele escuchar a la propia señora Natalie Jaresko reiterar una y otra vez esta mañana que la Junta no recibió datos confiables de este Gobierno”, señaló Eduardo Bhatia, senador del Partido Popular Democrático.
“Que nadie se llame a engaño ni crea que la determinación de la Junta es sorpresiva y que ahora es objetada por la Administración. La determinación de reducción de Jornada Laboral es la política pública que aprobó este gobierno al certificar el plan fiscal en marzo de este año. El señor Carrión y otros miembros de la Junta claramente se lo recordaron en la mañana de hoy”.
El presidente de la FCT, Andrés Lloret Gutiérrez, y el de la UGT, Gersón Guzmán López, advirtieron que las familias trabajadoras no olvidarán jamás estas estocadas que afectarán el bienestar de muchas personas y terminarán por sepultar la economía puertorriqueña.
“No vamos a olvidar el 4 de agosto como la fecha en que la Junta de Control Fiscal impuesta y el gobierno actual, atentaron contra la capacidad de sustentar adecuadamente nuestras familias y tener una vejez digna”, declaró Lloret Gutiérrez.
“La Junta de Control Fiscal y el gobierno sacrifican la salud, el bienestar y la economía puertorriqueña por satisfacer el pago a unos bonistas cuya legalidad de la deuda es totalmente desconocida”, sostuvo el dirigente de la FCT.
Por su parte, el presidente de la UGT, Gersón Guzmán López, denunció que todos los miembros de la Junta de Control Fiscal son inmorales porque “le imponen un corte de jornada a la clase trabajadora mientras ellos gastan millones largos de nuestro pueblo, otorgan contratos a diestra y siniestra y se recrean en lujos como reyes de un pueblo de la edad media”.
“Nuestro pueblo debe saber que las familias trabajadoras del sector público no son las únicas afectadas por estas acciones desalmadas, la economía de Puerto Rico acabará de volar en cantos. Es momento de unirnos y rechazar estas imposiciones de un ente que no piensa en nuestro pueblo y un gobierno que ha hecho un flaco servicio en nuestra defensa”, acotó Guzmán López.
“Nosotros no podemos avalar una medida de esta naturaleza que constituye un 401-k sin ninguna fuerza y que pone en riesgo el dinero del retiro al pasarlo al fondo general, o sea, para alimentar las barrigas de los bonistas. Ello porque pone el poder del dinero de retiro en la Junta de Control Fiscal y del gobierno para usarlo a su antojo al traspasarlo directamente a las arcas de Hacienda”, manifestó el presidente de la FCT.
Lloret Gutiérrez dijo que “todo nos lleva a desconfiar dado que la Junta de Control Fiscal y el gobierno pueden usar el dinero de retiro para los pensionados cuando lo reciban directamente en las cuentas de Hacienda porque fácilmente pueden desviarlo para cuadrarle a los bonistas o cualquier otro asunto”.
Mientras, Guzmán López mencionó que no hay una garantía para los empleados porque todos aquellos que hayan comenzado a trabajar a partir del 2014, les aplicará la nueva legislación que se espera sea aprobada hoy para pasar a firma del gobernador.
“El gobierno le echa la culpa a la Junta de Control Fiscal, pero lo cierto es que no han sido lo suficientemente transparentes. Para las familias trabajadoras debe quedar claro que tanto la junta como el gobierno tienen la culpa en este nuevo atentado contra nuestro bienestar”, sostuvo el líder de la UGT.
Afirmó que ambos entes solo buscan cuadrarle la caja a los bonistas a costa de la familias trabajadoras y lo que es peor, de nuestros pensionados que han dado sus mejores años por este país y esa es la paga que reciben.
