Por Elías R. Gutiérrez*
El Congreso de los EEUU se ha visto forzado a tomar cartas en el juego. Ejerciendo la autoridad que detenta y espueleado por el Presidente, el Congreso ha reconocido que el gobierno de Puerto Rico se ha metido en una encerrona. Una trampa fiscal y financiera que ahoga su potencial económico y amenaza con arrastrar consigo, barranco abajo, a otros componentes del sistema financiero municipal exento.
La dinámica de la debacle amenaza con destruir lo que resta de la clase media residente en la isla. El sistema político no ayuda. Por el contrario, lo que hace empeora la condición de empobrecimiento y descapitalización. A esto se une un fenómeno mortal para el capitalismo. Se trata de una dinámica de deflación del valor de los activos reales y financieros. De continuar esa dinámica, no quedará piedra sobre piedra en la plataforma que sostiene la economía y a la sociedad misma.
Ante la gravedad de la condición que nos abruma, ¿qué podemos atisbar en el horizonte cercano? ¿Qué ocurrirá cuando el grupo de siete síndicos colegiados que ha ordenado el Congreso para tomar control de un gobierno desmadrado, comiencen a desempeñarse? Un querido amigo me hacía esa pregunta hace apenas unos días. He aquí mi respuesta.
Muy poco. Quizás, nada.
Me temo que la junta colegiada de síndicos que habilita la ley llamada PROMESA confrontará una muralla de resistencia a los niveles medios y bajos de la espesa burocracia local que le impedirá funcionar efectivamente. Esa realidad irá percolando hasta que la Junta llegue a una conclusión inevitable. La Junta se verá forzada, al cabo de un tiempo precioso, a tomar control. Ello si realmente intenta cumplir con su misión. Mientras tanto, ¡no ocurrirá nada!
El gobierno de Puerto Rico no es sostenible por la economía que tiene el país. Esa realidad aún no ha sido internalizada por la sociedad. Los partidos continúan prometiendo soluciones que requieren acción de gobierno. No obstante, no hay los recursos para intentar ejecutar esas acciones de gobierno.
Peor aún, si hubiesen los recursos para poner en marcha lo que prometen los partidos, harían más daño que bien. Ello, porque lo que proponen consiste en aumentar el gasto público sin expandir la base de capital productivo del sector privado. De hecho, los partidos han creado un sector público que ve como contrincante al sector productivo de la economía. Esta realidad no es una mera teoría. El gobernador García Padilla lo admite cuando explica con amargura cómo fracasó su reforma contributiva.
Volvamos a la Junta. La resistencia que confrontará ya ha sido anunciada por sectores sindicales, políticos y del propio gobierno. La declaración de guerra provino con claridad de la alcaldesa de San Juan. Este es un síntoma claro de que hay motín a bordo.
Temo que, en la mente de muchos, la Junta tiene responsabilidades que no están contempladas en su agenda de trabajo. Cuanto problema hay será colocado a los pies de la Junta para que lo resuelva. De hecho, esto ya está ocurriendo. En el proceso se intentará desplazar toda la responsabilidad hacia los síndicos colegiados. Ahora bien, los recursos existentes o necesarios están comprometidos con una realidad totalmente distinta. Una realidad que buscará por todos los medios a su alcance mantener el status quo, v.gr., un gobierno que existe para sí mismo.
Algunos -los más optimistas- pensarán que para la Junta será cuestión de esperar y rendir las fuerzas de la resistencia por cansancio. Eso, estoy convencido, será un error. Si la Junta no asume control, si no actúa, si no genera resultados en corto tiempo, perderá toda efectividad. Si toma control y adquiere efectividad, será catalogada como dictadura.
* El autor es economista y planificador
