Por Luisa García Pelatti
El presupuesto recomendado para el año fiscal 2017 incluye una partida de $209.7 millones para el pago de la deuda. Si los acreedores demandaran al Gobierno y los obligaran a pagar toda la deuda ($1,391 millones) habría que reducir el presupuesto en 1,181 millones. El efecto en la economía sería nefasto, dijo Luis F. Cruz Batista, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Se reducirían los recaudos, aumentaría la dependencia de asistencias económicas y se afectaría la prestación de servicios esenciales.
Si eso ocurriera, el Gobierno contempla dos escenarios: reducir 20% la jornada de los empleados públicos de algunas agencias (con excepción de las de salud, seguridad y educación), lo que provocaría la pérdida de 7,176 empleos en la economía. El segundo escenario supone despidos de más de 3,000 empleados públicos, lo que significaría la pérdida de un total de 10,636 empleos.
La información salió a relucir en las vistas de presupuesto que celebra la Cámara de Representantes. La información es parte de un estudio realizado por la firma Estudios Técnicos, Inc. para la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Por su parte, la Junta de Planificación estima que por cada reducción de $500 millones en el presupuesto la economía se reducirá en 1 punto porcentual. Lo que significa que si la proyección actual para el año fiscal 2017 es que la economía se contraiga 2%, con una reducción de $500 millones en el presupuesto la economía se reduciría 3% y llegaría a caer 4% si se recortan $1,000 millones al presupuesto.
Bajo ambos escenarios los salarios disminuirían en $368 millones y los recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso caería en $40 millones.
En el escenario de reducción de jornada laboral habría que pagar $4.8 millones en beneficios de asistencia económica (PAN) durante 26 semanas y unos $13 millones en beneficios por desempleo. Las cantidades aumentan en el caso de que se produzcan despidos, $7.1 millones en asistencia económica y $19.4 millones en beneficios por desempleo para un total de $26.5 millones.
Pagar la deuda en su totalidad significa:
- recortes de nómina de entre 20% y 30% en la mayoría de las agencias y podría ser de 100% en algunas de ellas.
- se reducirían los recaudos.
- habría un aumento en las solicitudes de asistencia económica.
- Salud – habría que reducir la asignación destinada al pago de la Reforma de Salud, con lo que se perderían $43 millones en fondos federales y más de 80,000 personas perderían los beneficios. Un recorte de $112 millones, eliminaría lo que se ha asignado al Centro de Cáncer ($10 millones); los $78 millones de la tarjeta de salud y $25 millones de ASEM (Administración de Servicios Médicos). se perderían 205 empleos en el sector de seguros de salud
- Educación – los gastos se recortarían en $82 millones. De estos habrá $15 millones menos para educación especial; el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico disminuiría en 7% y el Conservatorio de Música, el Consejo Educacional y la Escuela de Artes Plásticas experimentarían un recorte de 20% en sus presupuestos.
- Bienestar social – disminución de 20% en la nómina de las agencias de este sector, que recibirían $32 millones menos.
- Sistemas de Retiro – con $75 millones menos, se reduce la totalidad de la asignación destinada a la Aportación Adicional Uniforme a Retiro Central y Maestros
- Fondo presupuestario y de emergencia – se eliminarían por completo los $111 millones asignados.
- Autoridad de Asesoría y Agencia Fiscal – se le quitan $15 millones, una reducción de 20% de su presupuesto.
- Banco Gubernamental de Fomento – perdería $446 millones que corresponde a la asignación destinada para nutrir las cuentas de depósito en el BGF de los municipios y otras entidades gubernamentales. Además se elimina la asignación para cubrir desembolsos que antes se realizaban contra línea de crédito del BGF.
