Por Joel Cintrón Arbasetti | Centro de Periodismo Investigativo
Para Manuel López Zambrana, Puerto Rico es como un restaurante que debe tener un menú que agrade a los inversionistas de Estados Unidos. Es abogado del bufete DLA Piper y como asesor del Gobierno trabajó en la legislación local de las Zonas de Oportunidad, un programa federal que ofrece una reducción de 37.5 por ciento a 20 por ciento en la tasa contributiva federal a fondos que inviertan en “comunidades de bajos ingresos”.
“Lo más importante es que Puerto Rico como área de Opportunity Zone, está compitiendo con los demás estados… Tenemos que estar bien conscientes de que si queremos traer ese capital para acá, ellos van a estar mirando un menú de opciones, que tienen un filet mignon bien hecho, una langosta, y nosotros tenemos que venir con algo que sea mejor”, dijo López Zambrana durante un foro en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
La firma DLA Piper es asesora contributiva y cabildea en el Congreso a nombre del Gobierno de Puerto Rico, explicó al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) Raúl Maldonado, Principal Oficial Financiero. El bufete tiene más de $7 millones en contratos con esta administración, y cuando comiencen a funcionar las Zonas de Oportunidad, se le hará un nuevo contrato adicional para trabajar ese tema en específico, dijo Maldonado, cuando era secretario de la gobernación.
Ya en agosto de 2018, DLA Piper firmó un contrato con el Departamento de Hacienda, con tope de $750,000, que incluye “asistir a Hacienda en diseñar e implementar el programa para lanzar las Zonas de Oportunidad”. Ese mismo mes firmó otro contrato con Hacienda, con tope de $250,000, por servicios legales que incluyen asesoría en “iniciativas de desarrollo económico como las Zonas de Oportunidad”.
Santurce, área “prime” para inversionistas de Zonas de Oportunidad
En las “Zonas de Oportunidad” que son de bajos ingresos económicos, en caso de que haya una propuesta como un hotel de lujo por ejemplo, ¿cómo se va a proteger la integridad de esa comunidad, para evitar un aumento en el costo de vivir en ese lugar y un desplazamiento poblacional, lo que se conoce como gentrificación?, preguntó el CPI a López Zambrana
“Desde el principio cuando yo empecé a estudiar el tema de Opportunity Zones yo dije ‘wao, el tema de gentrification es bien…’ Lo que hemos estado encontrando, y déjame decirte que la pregunta es justamente válida, pero por varias razones eso no debe de ser un problema en el caso de Puerto Rico. Lo que he escuchado de Estados Unidos es que las áreas que realmente están deprimidas, que es donde van a estar invirtiendo estos fondos, pues realmente son áreas que no tienen problemas per se de gentrification. Son áreas que están bien abandonadas; no son áreas donde existe un desarrollo de vivienda, donde vive gente. Son áreas que están bien abandonadas, donde existe un edificio o una fábrica vacía”, dijo Zambrana.
Una de las zonas que están observando los inversionistas según el asesor del gobierno es el área urbana de Santurce, pero también Humacao, en la costa este, donde podrían desarrollarse hoteles y centros comerciales.
“Otra área que yo la miro, y sé que hay mucho interés, son los centros comerciales. ¿Dónde? En Humacao. Eso va a ayudar a la economía de allá, junto con los hoteles que se están desarrollando allá. Se crea un ecosistema de actividad económica brutal. El área de Santurce es un área que está prime. Usted va por la Fernández Juncos, por la Ponce de León: edificios abandonados… Lo que esto va a provocar, hopefully, va a ser una dinámica de mercado de Opportunity Zones, y alguien va a estar diciendo dónde hay terreno y propiedades disponibles. Y los hay, porque hay fund managers puertorriqueños, que eso es lo importante, que ya han identificado propiedades por ahí en la isla. Los han identificado y están esperando por la ley [para viabilizar las Zonas de Oportunidad en Puerto Rico]”, añadió Zambrana.
El abogado anticipó que la mayoría de los inversionistas de las Zonas de Oportunidad que vendrán a Puerto Rico van a ser de Estados Unidos, en donde los gobernadores de los estados designaron como Zona de Oportunidad solo el 25 por ciento de los territorios que cualificaban como áreas de bajos ingresos. En contraste, una excepción del Congreso permitió que casi el 98 por ciento de Puerto Rico fuese declarado Zona de Oportunidad, incluyendo a Vieques, Culebra e Isla de Mona. Con esa excepción, pudieron ser designadas como Zona de Oportunidad áreas adicionales a las que caen bajo la definición del censo de “comunidad de bajos ingresos”.
El programa de exenciones federales fue ideado por el think tank Economic Innovation Group e impulsado en el Senado por Tim Scott, quien logró un acuerdo bipartita para incluirlo en la reforma contributiva del presidente Donald Trump. La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ganó el apoyo de representante Paul Ryan y otros congresistas para incluir la “regla de Zonas de Oportunidad para Puerto Rico”, en la reforma contributiva, donde todas las comunidades de la isla, bajo pobreza o no, cualificaron automáticamente como Zonas de Oportunidad.
“El hecho de que Puerto Rico, casi toda la isla, sea una Zona de Oportunidad, eso es una bendición, pero a la misma vez es una complicación. Porque ellos [los inversionistas] vienen a Puerto Rico y dicen ‘toda la isla, ok. Pero ¿miro al sur, al este, al norte?’. Es un menú de mucha comida buena pero de cien páginas, entonces tú estás horas y horas mirando el menú y no sabes qué hacer”, dijo López Zambrana, quien considera que la designación del 98 por ciento de la isla como Zona de Oportunidad, es un “regalo del Congreso” para ayudar en la reconstrucción tras el paso del huracán María.
El proyecto de ley para viabilizar este programa federal en la isla exime del pago de arbitrios por construcción y reduce el 50 por ciento del pago de patente municipal durante 15 años para inversionistas de Puerto Rico y de Estados Unidos. La pieza legislativa está estancada en la legislatura desde noviembre, aunque el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, aseguró al CPI que espera que se apruebe la primera semana de marzo.
Una de las preocupaciones con las Zona de Oportunidad en Estados Unidos es la posibilidad de que generen procesos de gentrificación y desplazamiento de personas en comunidades pobres, indica un estudio de Smart Growth America, una coalición de organizaciones enfocadas en el impacto de la expansión urbana en el medio ambiente.
“El desplazamiento de personas de una comunidad puede ocurrir cuando se construyen edificios residenciales con rentas más altas de las que predominan en el lugar. Esto puede provocar que la renta de otras viviendas aumente y afecte a residentes que llevan más tiempo en la misma comunidad. Esta dinámica es parte de los procesos de gentrificación”, explicó al CPI la coautora del estudio, Tracy Hadden, científica sénior de datos en el Centro de Bienes Raíces y Análisis Urbano de George Washington University.
“Cuando el valor de las propiedades aumenta en un área también puede afectar a los propietarios de viviendas debido a un aumento en la carga fiscal. Un cambio como ese podría ser inmanejable especialmente para personas mayores con ingresos fijos [como Seguro Social por ejemplo]. Una historia clásica de gentrificación es cuando se aumentan los cargos a propietarios de viviendas de edad avanzada”, abundó Hadden.
Una forma de acomodar nuevos residentes sin afectar a los viejos sería implementar políticas como el control de rentas y protección para que los inquilinos no puedan ser desalojados sin que el propietario sufra ninguna consecuencia. Estas medidas se conocen como “políticas de no hacer daño” (Do no harm policies), explicó Hadden.
“Las Zonas de Oportunidad no vienen con ‘políticas para no hacer daño’, esto no fue incluido en la legislación a nivel federal”, apuntó la científica de datos.
Zambrana dijo que en Puerto Rico “no se anticipa, no se vislumbra que vamos a coger toda esta área y llevarnos a to’ el mundo por el medio, por decirlo así, y crear un problema de gentrification”.
Pedro Cardona, planificador y exvicepresidente de la Junta de Planificación, explicó al CPI que la mayoría de los procesos de redesarrollo envuelven un componente de gentrificación o “elitización”.
El proyecto de ley local de las Zonas de Oportunidad, “elimina todos los mecanismos tradicionales de compensación” por el impacto de proyectos de desarrollo económico, como el pago de contribuciones de la construcción, y del pago del 50 por ciento de la patente municipal durante 15 años, apuntó Cardona.