Por Luisa García Pelatti

Puerto Rico está entre las mejores 47 economías para hacer negocios, según “Doing Business 2015”, un estudio en el que se establece una clasificación de los países que tienen regulaciones que favorecen la creación de negocios. La Isla baja seis posiciones respecto al año pasado (41). Excesiva reglamentación, dificultades en la obtención de permisos o retraso en el registro de la propiedad son algunos de los aspectos que hay que mejorar.

Crear una empresa en Puerto Rico requiere 6 trámites y 6 días y un costo equivalente al 0.8% del ingreso por habitante. Puerto Rico mantiene estos parámetros iguales a los del año pasado.

El informe destaca las mejoras de Puerto Rico para hacer más fácil el trámite conseguir los permisos de construcción, sin embargo, en esa categoría la Isla se sitúa en la posición 158 entre 189 países. Hacen falta 20 procedimientos y165 días para obtener permisos de construcción.

La Isla también obtiene una mala clasificación en registro de la propiedad (posición 163) y pago de impuestos (133).

Las mejores puntuaciones las consigue en aspectos como: obtener financiamiento (7), resolver la insolvencia (7),

Singapur es el país en el que es más sencillo hacer negocios y ya lleva nueve años seguidos en el tope de esta lista. Le siguen Nueva Zelanda; Hong Kong; Dinamarca; Corea del Sur; Noruega; y Estados Unidos.

Entre junio de 2013 y junio de 2014, el informe, que mide 189 economías de todo el mundo, documentó 230 reformas empresariales, con 145 reformas encaminadas a reducir la complejidad y el costo de cumplir con la regulación empresarial, y 85 reformas destinadas a fortalecer las instituciones legales –, siendo la región de África Subsahariana quien cuenta con el mayor número de este tipo de reformas.

El informe analiza 10 indicadores: apertura de una empresa; manejo de permisos de construcción; obtención de electricidad; registro de propiedades; obtención de crédito; protección de los inversionistas minoritarios; pago de impuestos; comercio transfronterizo; cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia. Doing Business mide también la regulación del mercado laboral, que no está incluida en la clasificación de este año.

Doing Business no mide todos los aspectos del entorno regulatorio que afectan a las empresas y a los inversionistas. Por ejemplo, no se mide la seguridad, la estabilidad macroeconómica, la corrupción, el nivel de especialización ni la solidez de los sistemas financieros. Las conclusiones del informe han generado debates sobre políticas públicas en todo el mundo y han hecho posible la elaboración de un creciente número de trabajos de investigación sobre la relación entre regulación empresarial y desarrollo económico a nivel mundial.

Por primera vez este año, Doing Business recopiló datos de 2 ciudades en 11 economías con más de 100 millones de habitantes. Estas economías son: Bangladesh, Brasil, China, India, Indonesia, Japón, México, Nigeria, Pakistán, la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Añadir una ciudad permite una comparación subnacional y una evaluación comparativa frente a otras grandes ciudades. El informe revela que las diferencias entre ciudades son más comunes en los indicadores que miden las etapas, el tiempo y el costo para completar una transacción estandarizada, donde las entidades locales desempeñan un papel más importante.

El informe presenta casos de estudio destacando las buenas prácticas en 8 de las áreas medidas por el conjunto de indicadores de Doing Business: la creciente eficiencia de los registros de empresas en la apertura de una empresa; la zonificación y planificación urbana en el manejo de permisos de construcción; la medición de la calidad en la administración de tierras en el registro de la propiedad; la importancia de los registros en la obtención de crédito; yendo más allá de las operaciones vinculadas en la protección de los inversionistas minoritarios; las tendencias antes y después de la crisis financiera en el pago de impuestos; la eficiencia judicial en apoyo a la libertad de contratación en el cumplimiento de contratos y la medición de la fortaleza de las leyes de insolvencia en la resolución de insolvencia.