Foto: Sin Comillas

Por Luisa García Pelatti

Cumplido el trámite de la aprobación del Plan Fiscal, empiezan ahora las negociaciones con los acreedores y la evaluación de la deuda. Ayer, Ana Matosantos, uno de los siete miembros de la Junta de Control Fiscal, aclaró que las negociaciones las dirigirá el Gobierno y que la Junta se encargará de aprobar los acuerdos a los que se lleguen.

Por otro lado, Matosanto comentó que la firma Ernst & Young ha comenzado la evaluación de la deuda. En enero, ya anunciaron la contratación de una firma de auditoría forense que examinaría los estados auditados y elaboraría un informe independiente sobre el total de la deuda pendiente de pago. Ahora parece que ese análisis va a ser menos profundo. “Se van a evaluar toda la emisiones, cuándo se hicieron y para qué se usaron los fondos”, explicó Matosantos.

El Gobierno y los acreedores tienen a penas 45 días para alcanzar un acuerdo para reestructurar la deuda deuda pública. La paralización de litigios por demanda de pago se vence el 1 de mayo. Matosantos cree que, aún con tan poco tiempo, se puede lograr un acuerdo si se negocia con buena fe. “Pensamos que hay tiempo para llegar a acuerdos. El enfoque debe ser cuánto dinero hay disponible y llegar a acuerdos”.

Y el dinero que hay disponible para pagar la deuda está en el Plan Fiscal: $800 millones al año para una deuda de alrededor de $3,800 millones al año, lo que supone pagar el 21% de la deuda. Cómo se distribuirá ese dinero entre los acreedores es algo que debe decidirse como parte de la negociación, dijo.

Extender la moratoria que vence el 1 de mayo no será fácil, requiere la intervención del Congreso de Estados Unidos. Con algunos acreedores se podrá alcanzar un acuerdo y utilizar el Título VI de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Con otros acreedores, si no se llega a un acuerdo, habrá que utilizar el Título III.