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Sergio Marxuach

Por Luisa García Pelatti

Creadas originalmente como una forma de mantener la independencia con el ejecutivo, limitar la burocracia y la influencia política, las corporaciones públicas se han convertido en entidades con altos niveles de burocracia, muy politizadas y opacas. Las 51 corporaciones públicas arrastran una deuda de $42,000 millones, dependen del gobierno para financiar sus déficits y son una fuente de patronazgo político.

El Centro para la Nueva Economía (CNE) propone cambiar el modelo de gobernanza y crear una Junta Reglamentadora Independiente en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). El CNE considera inevitable un alza en las tarifas de agua (“el aumento en la AAA es difícil de evitar, ni botando todos los empleados se podría evitar”) y electricidad. Sólo se podría hablar de una reducción, en el caso de la AEE, en un plazo de tres a cinco años, si se llevan a cabo las reformas.

“El modelo de gobernanza de las corporaciones públicas, en general, y de la AEE, en particular, no está funcionando. Nadie representa a los accionistas (el pueblo), nadie vela por el fiel cumplimiento de los objetivos de política pública, muchas dependen de subsidios del gobierno central”, comentó Sergio Marxuach, director de Política Pública del CNE

Para lograr un verdadero cambio, Marxuach cree necesario lograr equidad tarifaria, es decir que la AEE facture por lo que consumimos sin esconder otros cargos; que sea eficiente, reduciendo las pérdidas financieras y el robo de energía; y que no se regulen a sí mismos y no tengan el poder de regular arbitrariamente el mercado de electricidad en Puerto Rico.

En la AEE hay muchos grupos interesados: bonistas, uniones, beneficiarios de subsidios, suplidores, partidos políticos y empleados “ahijados” políticos.  “Nadie representa a los accionistas, que es el pueblo. Nadie vela por el fiel cumplimiento de los objetivos de política pública. Y este andamiaje, está montado sobre nosotros, que tenemos que llevar el costo de transferencia de riqueza a estos grupos políticos”, señala Marxuach.

“Hay que cambiar la composición de la Junta de Directores para que estén representados todos los sectores y que cada sector vele al otro”. Hay que separar la reglamentación del resto de las funciones de la AEE, porque se generan conflictos de intereses. La AEE determina quién entra al mercado, quién puede conectarse al sistema y puede limitar la llegada de compañías que generan energía de otras fuentes.

El primer paso es recomponer la junta de gobierno. El segundo es crear una entidad que se encargue de ejercer los poderes de los accionistas. Marxuach la llama “Agencia de Participaciones del Estado”. Se trata, aclara, de “un proceso largo, complicado y difícil de explicar”. Sería el primer paso para abaratar el costo de la electricidad.