Por Luisa García Pelatti
Un nuevo crédito por trabajo enfocado en familias trabajadoras con hijos con ingresos de entre $7,500 y $25,000 es la propuesta que Espacios Abiertos le presentó al Gobierno para que la incluya como parte de su proyecto de Reforma Contributiva. El objetivo del crédito es incentivar el trabajo en la economía formal y neutralizar la regresividad de los impuestos al consumo. En Puerto Rico ya hubo un crédito por trabajo desde el 2007, pero se eliminó este año.
La propuesta parte de un estudio que el Centro para Una Nueva Economía (CNE) le comisionó al Urban Institute de Washington D.C., y que tuvo a cargo la doctora María Enchautegui, quien es investigadora senior asociada del Urban Institute. Antes de integrarse el Urban Institute, fue asesora senior en asuntos económicos en el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.
Se estima que el crédito podría beneficiar a entre 119,000 y 128,000 familias trabajadoras. Se trata de familias que trabajan, llenan planillas y pagan seguro social, pero sus ingresos no les dan para cubrir los gastos. No pueden recibir ayudas del Programa de Alimentación Nutricional (PAN) porque sus ingresos son muy altos y muchas no cualifican para Medicaid.
“Son gente que está jugando con las reglas y está perdiendo. Son familias de bajos ingresos que tiene pocas herramientas para poder subsistir”, explica Enchautegui.
Un crédito equivalente al 8% del ingreso anual de una unidad familiar que devenga el salario mínimo, resultaría en un crédito máximo de $1,240. “Para un hogar cuyo jefe de familia trabaje todo el año devengando el salario mínimo, este crédito representa el equivalente de un mes de trabajo y sería una cantidad similar a lo que paga en impuestos de nómina (descuento salarial por aportaciones al Seguro Social y Medicare)”, explicó la economista, que es experta en inmigración y en las condiciones laborales de trabajadores de bajos ingresos.
El crédito costaría entre $126 millones y $135 millones, dependiendo de las tasas de introducción escalonada del crédito y la tasa a la que el crédito disminuya una vez alcance el máximo.
“Las discusiones sobre la reforma contributiva apuntan a que se va a incluir un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tasas más alta que las vigentes; la eliminación de los impuestos sore los ingresos de la mayoría de los puertorriqueños y un reembolso del IVA a ciertas familias”, señaló Enchautegui.
Nuria Y. Ortiz, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, explicó que el estudio se le enviará al Secretario de Hacienda en calidad de propuesta.
Sergio Marxuach, director de política pública del CNE, explicó que el crédito por trabajo del gobierno federal es considerado el programa anti-pobreza más efectivo que existe en Estados Unidos. Incentiva el trabajo, aumenta la participación laboral, es un suplemento importante del ingreso y ayudar a mover a un número importante de familias sobre el nivel de pobreza. Tiene un costo de $62,000 millones.
En Puerto Rico ya hubo un crédito por trabajo entre 2007 y 2013 que podría ser reclamando por trabajadores con ingresos de hasta $27,500. En el 2012, unos 429,000 contribuyentes reclamaron el crédito por trabajo, lo que supone el 45% de las planillas. El crédito máximo era de $450 y lo recibían los trabajadores con ingresos de $10,000. El crédito promedio era de $265. Se desembolsaron $124 millones en el 2012.
Enchautegui considera que el crédito del 2007 al 2013 era pequeño en cantidad, pero extensivo en su elegibilidad. No estaba enfocado en las familias. Familias de altos ingresos podían acogerse al crédito porque la elegibilidad dependía del ingreso de cada trabajador no del ingreso familiar. El crédito era igual para una persona soltera que para una madre con dos hijos. Y un aspecto positivo es que el crédito pudo haber atraído contribuyentes al sistema.
Espacios Abiertos es una iniciativa que busca fortalecer la capacidad de los individuos y las organizaciones para que puedan participar mejor en los procesos gubernamentales e institucionales, logrando una mayor apertura de la sociedad. Sus principales areas de interés son el acceso a la transparencia, a la justicia y a la seguridad económica. Está integrada por el Centro para la Nueva Economía, la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, el Centro de Periodismo Investigativo y la Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico.
