Por redacción de Sin Comillas

La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta Febo anunció la radicación de un Proyecto de Ley que aumenta el arbitrio al barril de petróleo de $9.25 a $15.50 por barril. Se espera que este arbitrio genere unos $178 millones adicionales anualmente.  La medida busca mejorar la situación fiscal y financiera de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

La Ley comenzaría a regir inmediatamente después de su aprobación. El alza en el arbitrio del petróleo y sus derivados comenzarán a imponerse el 1 de marzo de 2015.

El arbitrio se distribuiría de la siguiente manera: $6.00 por barril a la ACT para sufragar sus operaciones y para pagar el servicio a la deuda, $8.25 a AFI para pagar deuda y a la nueva Autoridad de Transporte Integrado (ATI) $1.25 para financiar dicha Autoridad que incluye los servicios de transporte colectivo de autobuses, lanchas y el Tren Urbano, una vez se transfieran los mismos.

El proyecto dispone también hacer varios ajustes al arbitrio sobre el petróleo crudo y sus derivados y que se transfiera a AFI, la ACT y la nueva Autoridad de Transporte Integrado (ATI) la totalidad de los ingresos producidos por dichos impuestos.

“Nuestra Administración está comprometida con la responsabilidad fiscal y este es un paso más en la ruta hacia la recuperación económica del país. Con esta medida se estabilizarán las finanzas de la ACT que han estado operando con déficits presupuestarios por los últimos 10 años. Además, se provee capital para atender la deuda de la ACT con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que se ha incrementado en más de $2,000 millones en los últimos seis años. Y, más importante aún, este proyecto de ley traerá grandes beneficios para nuestra gente: permite la creación de futuros empleos, especialmente en el área de la construcción y protege los existentes; permitirá atender proyectos pendientes en zona montañosas y en áreas y zonas aisladas; encaminará proyectos para dar mantenimiento a la red vial; mejorará acceso a avenidas y expresos; realizará mejoras a la infraestructura que redundarán en reducciones de accidentes viales; reducción de tapones, entre otros”, dijo Acosta Febo.

La medida excluye explícitamente el arbitrio sobre el petróleo crudo y sus derivados utilizados por la Autoridad de Energía Eléctrica para generación de electricidad, así como aquellos que sean exportados de Puerto Rico; utilizado por refinerías y petroquímicas locales en el proceso de refinación de petróleo; o usados como lubricantes o combustible en la propulsión de naves aéreas y marítimas entre otras exclusiones.

Acosta Febo recordó que al 31 de diciembre de 2012, la deuda de la ACT con el BGF alcanzaba más de $2,200 millones y no existía fuente de repago. “Esta deuda aumentó dramáticamente como resultado de la práctica de los pasados años, en específico el pasado cuatrienio 2009-2012, en el cual se financiaron los déficits operacionales y las necesidades de inversión de capital de la ACT utilizando líneas de crédito con el BGF, sin que se identificaran fuentes de repago claras para cumplir con dichas obligaciones. Dicha práctica ignoró la necesidad subyacente de capital que tenía la ACT y permitió que no se atendiera su insuficiencia presupuestaria y operacional, lo que a su vez permitió que dicha corporación profundizara su crisis al aumentar exponencialmente su deuda. Además, los préstamos adicionales por $2,200 millones redujeron significativamente la liquidez del BGF”. La funcionaria también recordó que precisamente para evitar lo que pasó en Carreteras, la Ley 24-2014 fue propuesta y aprobada por esta Administración para prohibir, con pena de cárcel, que el BGF aprobase préstamos a corporaciones públicas sin fuente de repago, lo cual busca asegurar que la práctica histórica de sufragar déficits de corporaciones públicas llegue a su fin.

Por otra parte, el Director Ejecutivo de la ACT dijo que no tomar estas medidas podría afectar gravemente nuestro desarrollo como país por la falta de infraestructura de primer orden y el riesgo de perder millones de fondos federales si Carreteras pierde su estatus de “grantee” de la Federal Highway Administration (FHWA) y la Federal Transit Administration (FTA).