Por redacción de Sin Comillas
La Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (APRUM) radicó el domingo, 9 de julio, una demanda en contra de la Junta de Control Fiscal, el Gobernador de Puerto Rico, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
La demanda radicada exige que se proteja a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y se declare un servicio esencial, que se invalide el plan fiscal por amenazar su estabilidad fiscal y que se enmiende el presupuesto aprobado para el año fiscal en curso para que se garantice la continuidad de los servicios educativos y su impacto como motor de vitalidad económica y movilidad social.
La APRUM, representada por Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmin Colón Colón, impugna en su demanda la legalidad de los recortes a la UPR, consignados en el presupuesto impuesto el pasado 2 de julio, así como la validez del Plan Fiscal certificado por la Junta el 13 de marzo de 2017. El presupuesto aprobado para el año fiscal 2018 establece un recorte de $201 millones a la UPR.
Emmanuelli Jiménez y Colón Colón argumentan en el procedimiento adversativo presentado ante el Tribunal Federal de Distrito en San Juan, bajo el Título III de PROMESA, que el presupuesto impuesto para el año fiscal 2018 y el plan fiscal certificado por la Junta violan varias de las disposiciones de la ley PROMESA.
“La Universidad de Puerto Rico es uno de los servicios esenciales que ofrece el gobierno de Puerto Rico a la población y constituye, además, un instrumento de inversión indispensable para promover el crecimiento económico del país”, expresó Emmanuelli Jiménez. Como servicio esencial, la Junta debe proveer suficientes recursos a la UPR.
La demanda se sustenta en estudios que demuestran que la recuperación económica y la capacidad de recaudos del gobierno dependen directamente de una adecuada inversión en la UPR. Los propuestos recortes a la UPR, señalan, tendrán graves consecuencias para la población y para la capacidad de pago de la deuda pública que exigen todos los acreedores del país.
“Amenazar la viabilidad económica de la UPR es equivalente a una traición generacional sin precedentes y una devastación en el corto plazo”, señala la demanda. Además, amenaza con impedir la posibilidad de revertir la contracción económica, lo que haría más tortuosa la recuperación económica.
Marcel Castro Sitiriche, presidente de la APRUM, añadió que “la UPR es un servicio esencial y, como tal, está protegido, bajo la ley PROMESA. Es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad”.
Según Castro Sitiriche, la UPR es, además, imprescindible para poner en marcha la economía del país. “A los acreedores, les debe preocupar tanto como a nosotros la defensa de la Universidad”.
Según un estudio, los recortes en el presupuesto del Recinto Universitario de Mayagüez se traducirán en la pérdida de empleo de 155 profesores a tiempo completo y de siete a tiempo parcial; y un aumento en la carga de trabajo de los que permanecen.
