Por redacción de Sin Comillas
Cualquier propuesta relacionada a la supervisión de las finanzas de Puerto Rico por parte del gobierno federal y el proceso para reestructurar y atender la insostenible deuda pública debe incluir los siguientes principios no negociables, según el Centro para una Nueva Economía (CNE).
1. Cualquier ejercicio federal de supervisión tiene que respetar las instituciones y los procesos políticos de Puerto Rico. Cualquier otra cosa sería degradante para los puertorriqueños e inapropiado para los Estados Unidos. Darle marcha atrás al reloj y volver a las políticas coloniales del Acta Foraker de 1900 es simplemente inaceptable.
2. La responsabilidad y autoridad final sobre las decisiones relacionadas a asuntos impositivos y el gasto público debe residir en los oficiales democráticamente electos de Puerto Rico, quienes deben ser transparentes y rendir cuentas públicamente a sus constituyentes. Este es un principio fundamental de gobernanza democrática que no debe ser sacrificado por conveniencia política o
para aplacar grupos de interés o sectores específicos en el entramado político de los EEUU.
3. Cualquier propuesta para reestructurar la deuda de Puerto Rico debe tratar tanto a los acreedores como a los deudores de una manera equitativa y justa, y debe proveer ex ante un camino claro y viable para proveer un alivio significativo de la deuda. En particular, no se deben imponer requisitos/certificaciones/votos adicionales por parte de la Junta de Supervisión para que pueda procederse a un proceso de reestructuración supervisado por una corte. Debe bastar con que se haya hecho un esfuerzo de buena fe para llegar a una solución negociada y este esfuerzo haya fallado.
4. Ninguna clase de deuda de Puerto Rico debe ser excluida del proceso de reestructuración. Establecer un proceso en dos canales, uno para la deuda de Obligaciones Generales (GO en inglés) y los bonos de COFINA y otro para todas las demás clases de reclamaciones sería extremadamente complicado de administrar. En el peor de los casos, este proceso probablemente sería imposible de ejecutar. En términos de la reestructuración de la deuda, la claridad siempre es mejor que la incertidumbre.
5. Una reestructuración abarcadora de la deuda por sí misma no traerá nuevas oportunidades de crecimiento económico. Por lo tanto, un task force congresional para el desarrollo económico de Puerto Rico debe colaborar con sectores interesados y grupos informados en Puerto Rico para desarrollar una estrategia abarcadora de crecimiento económico a largo plazo. El diseño de esta estrategia colaborativa debe incluir medidas de corto plazo que provoquen nueva actividad de inversión, así como propuestas de mediano plazo que ayuden a reconstruir las instituciones económicas, fortalecer la gobernanza pública, e identificar apuestas estratégicas en sectores particulares de la economía de Puerto Rico.
6. Finalmente, si el Congreso no está dispuesto o no puede actuar, entonces debe permitir que Puerto Rico legisle su propio marco legal para reestructurar la deuda. Seguir posponiendo una reestructuración necesaria de la deuda solo provocará la destrucción del valor de la inversión de los bonistas y niveles más bajos de recobro. Más aún, continuar con un proceso legal desordenado y plagado de incertidumbre, con numerosos litigios de acreedores, deprimirá aún más la economía local, aumentará los costos de la reestructuración y hará más difícil de alcanzar la recuperación económica en el largo plazo.
El Centro para una Nueva Economía ha analizado la situación económica y fiscal de Puerto Rico durante más de una década. Durante este periodo, ha examinado el contexto socioeconómico y alertado sobre la rapidez con que se ha deteriorado la situación fiscal de la isla. A través de la publicación de informes de investigación y política pública, ha abordado algunos de los problemas más apremiantes de la isla y propuesto recomendaciones.
“Recientemente, dada la severidad de la situación actual y reconociendo el complicado escenario político, hemos desarrollado esfuerzos en Washington D.C. para educar a miembros y funcionarios del Congreso y el Ejecutivo de EEUU, sobre la necesidad de que el gobierno federal tome acción abarcadora sobre este asunto”.
El Centro para una Nueva Economía (CNE) es un think-tank independiente sin afiliación político-partidista que aboga por el desarrollo de una nueva economía para Puerto Rico. Fundado en 1998, CNE produce investigación y análisis riguroso de política pública y es una de las voces más creíbles e influyentes en la discusión sobre la economía de Puerto Rico CNE está organizado como una entidad sin fines de lucro 501(c)(3) y no solicita ni acepta fondos del gobierno. CNE depende exclusivamente de subvenciones de individuos, instituciones privadas y fundaciones filantrópicas.
