Foto suministrada

Por redacción de Sin Comillas

El Gobierno se propone someter en la Legislatura cinco proyectos para reorganizar 25 agencias que generarán un ahorro de más de $30 millones el primer año y alrededor de $220 millones en los primeros cinco años. Y el Gobierno asegura que lo hará sin despedir empleados públicos.

De los cinco planes de reorganización, dos se iban a radicar hoy y el resto la semana que viene. El Gobierno explica que con la consolidación de producirán ahorros en las áreas administrativas: finanzas, recursos humanos, división legal, etc.

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) consolidará a la Oficina de Exención Contributiva Industrial, la Oficina Estatal de Política Pública Energética, la Corporación del Centro Regional y la Oficina de Gerencia de Permisos, quien a su vez asumirá las funciones de emitir permisos de la Autoridad para la Conservación y el Desarrollo de Culebra. También se adscribirán a la Compañía de Comercio y Exportación (CCE) y a la Compañía de Turismo.

Mientras que la Compañía de Fomento Industrial y la Autoridad de Redesarrollo de Roosevelt Roads se mantienen adscritas al DDEC con servicios compartidos. La Junta de Planificación se adscribirá al DDEC con servicios compartidos.

Por su parte, el Instituto de Estadísticas se integra al DDEC al añadir las funciones de estadísticas del Banco Gubernamental de Fomento y de la Junta de Planificación, y se contempla privatizar sus funciones, “como ocurre en otras jurisdicciones”, “para fortalecer su transparencia y credibilidad”. No se explicó cómo se producirá esa privatización.

Con este plan se estiman ahorros de $7.8 millones el primer año y cerca de $100 millones a cinco años.

En el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se crea una Secretaría Auxiliar de Relaciones Laborales que atenderá los casos que hoy atiende la Comisión Apelativa del Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, consolidando estas agencias al Departamento.

Además, se transfieren unos programas de la Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo (SAAPE) al Departamento de Educación, que ya tiene programas similares.

Con este plan se estiman ahorros de $2.2 millones el primer año y cerca de $12 millones a cinco años.

Se creará la Junta Reglamentadora de Servicio Público, que tendrá tres miembros y que agrupará la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía, la Administración de Energía y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. Esta Junta se dividirá en tres comisiones de telecomunicaciones, transporte y energía que serán dirigidas por un comisionado cada una.

Se estima que esta consolidación generará ahorros de $14.5 millones el primer año y cerca de $74 millones a cinco años. Se reducen los 18 directores, administradores, comisionados y miembros de junta a tres comisionados y tres miembros de junta.

Se transfieren y externalizan las funciones de la Oficina del Bosque Modelo al Departamento de Recursos Naturales (DRNA) y al Fideicomiso del Bosque Modelo. Con este plan se estiman ahorros de $300,000 el primer año y cerca de $1.5 millones a cinco años.

El Consejo de Educación de Puerto Rico agrupará en el Departamento de Educación funciones, servicios y facultades asignadas al Consejo de Educación, que dejará de existir.

Con esta propuesta “Puerto Rico adopta el modelo de 47 estados que no requieren que las instituciones educativas privadas tengan licencias del estado y se fomenta las acreditaciones de entidades privadas como ocurre en la mayoría de las jurisdicciones de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. No obstante, se les requerirá a estas instituciones estar registradas en el Departamento de Educación”, explicó Rosario Cortés.

Por otra parte, este plan transfiere al Departamento de Educación el deber del Consejo de Educación de custodiar los expedientes académicos de las instituciones educativas privadas. Con este plan se estiman ahorros de $8 millones el primer año y más de $40 millones a cinco años.

La Legislatura deberá aprobar o no estos planes en un término de 30 días con la posibilidad de una extensión de 15 días. De no avalarse o rechazarse expresamente algún plan transcurridos esos 45 días, se entenderá aprobado.