Foto: Centro de Periodismo Investigativo

Por redacción de Sin Comillas

Tras huracanes, terremotos y una pandemia, el panorama de vivienda de miles de personas y familias en Puerto Rico se agrava: falta de techo, toldos azules, estructuras inseguras, personas desplazadas viviendo en refugios informales, en casas de familiares o amistades y sin saber cuándo o si retornarán a sus casas.

Eso es lo que opina Ayuda Legal Puerto Rico, que desde hace casi tres años lidera esfuerzos de respuesta legal y abogacía ante desastres en la Isla. La organización también fiscaliza el manejo de los fondos federales, sobre todo los CDBG-DR, porque “entendemos que en los planes de acción para su uso se juega el derecho de las familias a recuperarse, a tener techo seguro y a no ser desplazadas”. Ayuda Legal Puerto Rico es una organización sin fines de lucro que provee educación y apoyo legal gratuito y accesible a personas y comunidades de bajos y medianos recursos.

El Programa de Reparación, Reconstrucción y Relocalización (R3), que cuenta con un presupuesto de $3,025 millones, debía ser una opción para quienes todavía esperan asistencia para garantizar un techo seguro. Sin embargo, a casi un año de la apertura del programa, los datos oficiales indican otra realidad. Se presentaron 26,920 solicitudes. De éstas, se han asignado menos de 100 subvenciones para reparar hogares. Aún no se ha completado una sola casa.  El programa se ha cerrado y no tiene la intención de reabrir.

Ayuda Legal Puerto Rico detalla algunas de los aspectos que más le preocupan:

  • Pocas personas se han beneficiado del programa R3

El programa necesitaba má promoción, resultaba difícil para las personas con acceso limitado a Internet completar la solicitud, era un obstáculo la necesidad de varias declaraciones juradas en el proceso, y la distancia y disponibilidad limitada de centros de servicio al público general, entre otros.

En mayo del 2019, el gobierno de Puerto Rico anunció que habían 30,000 viviendas con toldos azules y que esto se resolvería cuando comenzará el proceso de reconstrucción. Sin embargo, menos de 27,000 personas solicitaron al programa R3. A la fecha, poco más de 6,000 personas han resultado elegibles. Tampoco queda claro cuántas de estas personas que resultaron elegibles eran parte de los grupos de prioridad – personas con toldos azules, diversidad funcional, adultas mayores, entre otras  – o a qué tipo de asistencia era elegible. ¿Cómo es posible que el número de solicitudes sea menor a la cantidad total de las personas más afectadas?

  • Se deja afuera a las familias que viven en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos, sin contemplar mitigación

Las normas CDBG-DR que impuso Vivienda son las únicas entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos que prohíben tajantemente la reconstrucción en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos. La única alternativa disponible a las personas que viven en dichas zonas es la reubicación.

Aunque Vivienda insistió en que la reubicación es un proceso voluntario de cada solicitante, sin embargo solo está disponible para aquellas solicitantes que tienen un titulo perfeccionado o las que participan en el Programa de Autorización de Título para obtenerlo. Si no logran obtener un título a través del programa, la solicitante no podrá ser reubicada ni recibirá asistencia para reparar o reconstruir su vivienda. Estos requisitos fomentan el desplazamiento de aquellas solicitantes sin título formal viviendo en zona de riesgo.

  • El Departamento de la Vivienda ha decidido que sin título no habrá asistencia.

El Programa de Autorización de Títulos no está diseñado para resolver la multiplicidad de problemas de tenencia que pueden impedir que una persona tenga título de propiedad, incluyendo reclamaciones contenciosas y casos donde no se ha cumplido con los términos de usucapión.

  • Se castiga a las familias que – ante la tardanza de la asistencia- optaron por reparar sus casas según sus mejores capacidades

Vivienda estableció que no completará las reparaciones que iniciaron las dueñas de la vivienda de manera “informal”, es decir, sin los permisos gubernamentales y otros documentos relacionados. En estos casos, si la persona es elegible, puede recibir ayuda de reconstrucción. La reconstrucción implica el programa R3 demolerá la vivienda, incluyendo las reparaciones que hizo la dueña, y construirá una casa modelo en su lugar.

  • No hay un plan de vivienda temporera o transitoria para quienes por largos meses esperan una respuesta de R3

Varias personas han señalado a Ayuda Legal Puerto Rico que llevan desde agosto esperando una respuesta del programa R3. Mientras tanto, se han mudado a casas de familiares, amistades o han tenido que hacer malabares para rentar otros espacios. Ante la tardanza inexplicable de casi un año en arreglar las viviendas, más el distanciamiento físico al que obliga la pandemia, esta situación es insostenible. Vivienda, en lugar de ver la asistencia para vivienda transitoria como una excepcional, debe ofrecer asistencia dentro -del programa R3- que permita reubicar a estas familias en lugares temporeros, dignos, adecuados y al que voluntariamente quieran mudarse.