Por Elías Gutiérrez*
Durante la Segunda Guerra Mundial Puerto Rico estuvo a punto de sufrir una hambruna. La efectividad del bloqueo al que fue sometida la isla por los submarinos alemanes produjo una escasez absoluta de víveres y otros suministros indispensables para la vida. Esa circunstancia hubiese calificado, sin lugar a dudas, como una crisis humanitaria.
Hoy Puerto Rico sufre los efectos de un gobierno en crisis. Una crisis financiera que se complica con la quiebra de legitimidad. La legitimidad de las bases sobre las que se apoyan las relaciones entre el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) y el gobierno de Puerto Rico se han estremecido. La administración del Presidente Obama ha renegado oficialmente del acuerdo que “a manera de un pacto” sostenía la Constitución del Estado Libre Asociado. El Presidente ha renegado unilateralmente del acuerdo. Un acuerdo que constituía la base del gobierno del ELA y establece la plataforma de legalidad de la economía de Puerto Rico.
La irresponsabilidad de la clase política de la isla resultó en el estancamiento de la economía de Puerto Rico. El estancamiento y las luchas partidistas produjeron una crisis financiera en el gobierno. La crisis financiera provocó la quiebra institucional del ELA.
En última instancia de lo que se trata es de una economía que ha escamoteado sus activos productivos. La desaparición de una buena parte de los activos financieros ha precedido la destrucción de una buena parte del acervo de capital productivo. Se ha perdido el capital de propiedad residente y no-residente. El país se ha descapitalizado.
El proceso de descapitalización ha provocado la pérdida de una parte significativa del acervo de capital humano. Tal ha sido el fenómeno que hoy se estima que semanalmente se mudan de Puerto Rico 3,000 personas.
La propaganda oficialista negó todo lo anterior por años. Aún cuando era ya evidente. Los colegas economistas aún se refería al ciclo económico y buscaban brotes verdes que indicaran el repunte tan esperado. El optimismo se predicaba como indispensable para lograr que se produjera un punto de inflexión en las gráficas que apuntaban al sur. Poco a poco se ha producido un cambio. Ahora todos cantan a coro que estamos sufriendo una depresión. Muchos abogan por la renegociación o reestructuración, o aún, una moratoria en el pago de la deuda pública. La solución políticamente aceptable consiste en desplazar el resultado de la irresponsabilidad y la incompetencia sobre los que prestaron sus ahorros para financiar al gobierno del ELA.
La otra “solución” que goza de respaldo político consiste en establecer que el Congreso de los EEUU es responsable y codeudor de la deuda pública de Puerto Rico. Por lo tanto, “que se ponga para su número” y pague la deuda del ELA. Después de todo, ya la administración del Presidente Obama admitió que Puerto Rico es un territorio no incorporado propiedad del Congreso. El Congreso permitió que el gobierno de la isla fuese irresponsable. El Congreso legisló discriminatoriamente para con Puerto Rico y ha causado el desplome de la economía de la isla. Un buen ejemplo de ello es la erradicación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas.
Sin entrar en los detalles de los ejemplos mencionados anteriormente, es de notar que son muy escasas las voces que apuntan a la verdadera causa de la debacle. La causa de este desastre radica en un gobierno que llegó a una escala o tamaño que la economía de Puerto Rico no podía sostener. Se hizo, además, negándolo. A través de ese gigagobierno la sociedad puertorriqueña vivió más allá de sus medios durante décadas. Hoy, cuando no es posible financiar el déficit con ahorros externos por vía de préstamos, se recurre a los ahorros de los residentes, por vía de impuestos y del impago de obligaciones de corto plazo. Se recurre a los fondos de pensiones. Se recurre a las ganancias y aún al capital de las empresas privadas. Se recurre a los fondos acumulados por las propias empresas públicas. Empresas que el gobierno central está llevando, o ha llevado ya, a la bancarrota para luego buscar la protección de la ley federal de quiebras.
Me he opuesto a la aplicación retroactiva del Capítulo 9 de la ley federal de quiebras porque tendrá efectos detrimentales. En primer lugar, se trata de un cambio en las reglas de juego que manchará por décadas el crédito de Puerto Rico y constituirá un premio a la irresponsabilidad. En segundo lugar, elevará el costo de capital para Puerto Rico y otras jurisdicciones que se financian en el mercado municipal de bonos. En tercer lugar, el peso de los procesos caerá desproporcionalmente sobre los bonistas residentes en Puerto Rico, dada la distribución de los bonos ya emitidos. En cuarto lugar, es muy probable que unos 40 gobiernos municipales de Puerto Rico busquen acogerse al Capítulo 9. El efecto sobre los acreedores será inevitable y devastador en las economías regionales de la isla. El “Capítulo 9 con esteroides” es una violación crasa a nuestra Constitución. Ello es así porque reniega de las garantías constitucionales con que el gobierno del ELA tomó prestado. Aunque la Administración del Presidente Obama no la respete, nosotros sí la debemos respetar y defender aunque nos cueste.
Para estar a favor o contra de una junta de control federal, es menester definir sus funciones, facultades, poderes y vigencia. Se corren dos riesgos evidentes con una junta insuficientemente definida. Primero, pudiera consistir de un ente inocuo que no tenga poder alguno y que meramente simule estar ejerciendo facultades de supervisión. Segundo, para ser efectiva, podría ser creada por el Congreso dotada con poderes suficientes como para convertirse en una dictadura por 10 años. Por el filo de esa navaja caminamos hoy día como sociedad. Un mal paso tendrá consecuencias muy lamentables.
- El autor es economista y planificador.
