Por redacción de Sin Comillas
Un grupo de ocho consumidores anunciaron la presentación de un pleito de clase en contra de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la compañía Transcore Atlantic LLC, (Transcore Atlantic) operadora del sistema. Según los demandantes y representantes de la clase, desde el año 2003 la ACT y Transcore Atlantic han desarrollado un esquema para expedir y cobrar multas de AutoExpreso que, por su ilegalidad y falta de cumplimiento con el debido proceso de ley, son inexistentes y nulas.
El grupo de consumidores, representados por el co-fundador de la Organización Pro Asuntos del Consumidor (OPAC), licenciado Ignacio García Franco, del bufete García, Franco & Asociados, solicitan al tribunal diversos remedios, incluyendo que se ordene a la ACT y a Transcore Atlantic cesar la práctica de expedir y cobrar multas de AutoExpreso que no cumplen con la Ley de Tránsito, y que se declaren nulas e inexistentes todas las multas emitidas durante los pasados doce (12) años.
Además, el grupo solicita que se dicte sentencia en cobro de dinero contra la ACT y Transcore Altantic por causa de “enriquecimiento injusto”, ordenando la devolución del importe de todas las multas ilegalmente cobradas desde el año 2003, más los intereses, gastos del pleito y honorarios de abogado.
“La presentación de este pleito de clase representa la culminación de más de tres meses de arduo trabajo. Consideramos que en este momento el caso se encuentra maduro y apto para verse en sus méritos, máxime cuando los propios administradores del sistema AutoExpreso han admitido públicamente que el sistema tiene fallas técnicas que generan multas improcedentes,” afirmó el licenciado García Franco.
García Franco explicó que la ilegalidad de las multas AutoExpreso radica en que para ninguna de éstas se cumplió con el requisito esencial de “certificación juramentada” por un funcionario o representante autorizado, previo a la notificación de la misma.
“La Ley de Tránsito es clara e inequívoca al indicar que cuando se detecte una posible infracción a la ley mediante el uso de sistemas electrónicos como el AutoExpreso, un funcionario o representante revisará la foto o video y emitirá una certificación juramentada que servirá de base para la notificación de la multa. Sin certificación juramentada no puede existir una multa, ya que de lo contrario la multando estaría siendo emitida por una máquina y no por un funcionario o representante del estado, como requiere el reglamento establecido,” indicó el abogado.
“La prueba es clara y demuestra que la Autoridad de Carreteras y Transcore Atlantic han administrado el sistema de AutoExpreso de forma contraria a la ley y reglamentos, desarrollando un esquema para expedir y cobrar multas ilegales que no cumplen ni con la Ley de Tránsito, ni con el debido proceso de ley, que es un principio fundamental consagrado en nuestra Constitución”, concluyó el licenciado García Franco.
