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Planificación y huracán María: ¿Porqué en el próximo huracán volverán a morir puertorriqueños?

Wed, Dec 6, 2017

Planificación, Urbanismo

Por Luis García Pelatti*

Lamentablemente el paso del huracán María causó la muerte de 62 personas, aunque de acuerdo a las investigaciones del Centro de Periodismo Investigativo se acercan a los 1,000 muertos. Las muertes asociadas al huracán María van desde ahogamiento, infartos, deslizamientos de tierra, impacto por objetos volando, durante reparaciones, entre otras. No conozco los nombres de los muertos, tal vez alguno de ustedes sí. Lo que sí se, es que habían familias, niños, ancianos, hombres y mujeres. Si bien, cualquier muerte es inaceptable, lo es más cuando la previsión a través de las acciones de la planificación las pudieran haber evitado.

Nuestra legislación, reglamentación y principios de planificación tiene los elementos suficientes para evitar estos desastres, aunque los miembros de la Junta de Planificación (JP) y los directores de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) los han interpretado de manera muy permisible, autorizando construcciones y lotificaciones en áreas de riesgo.

Desde hace 42 años, la ley orgánica de la Junta de Planificación (1975), contiene las limitaciones al desarrollo en áreas de riesgo: “la Junta se guiará por la conveniencia de evitar subdivisiones en áreas que no estén listas para tales desarrollos debido a la falta de instalaciones, tales como calles o carreteras con capacidad adecuada, agua, luz, teléfono y alcantarillado, a la distancia de otras áreas construidas para evitar desarrollos aislados y estimular, por el contrario, desarrollos compactos, a la importancia agrícola o de excepcional belleza de los terrenos, por la susceptibilidad a inundaciones de los terrenos, u otras deficiencias sociales, económicas, físicas y ambientales análogas”.

Desde hace 37, la JP, viene elaborando el Reglamento sobre Áreas Especial de Riesgo a Inundación, con el propósito de:

  • Restringir o prohibir desarrollos que sean peligrosos a la salud, seguridad y la propiedad cuando éstos propician el aumento en los niveles de inundación o velocidad de las aguas que resulten en aumentos en la erosión.
  • Requerir que los desarrollos que sean vulnerables a inundaciones, se protejan contra las inundaciones al momento de su construcción original.
  • Evitar la alteración de valles inundables naturales, cursos de agua, barreras protectoras naturales que acomodan o canalizan aguas de inundación o marejadas.
  • Controlar el relleno, nivelación, dragado, obstáculos y otro tipo de desarrollo que pueda aumentar los daños por concepto de inundaciones o marejadas.
  • Evitar o controlar la construcción de barreras que alteren el flujo de las aguas o que pueden aumentar el riesgo de inundaciones en otras áreas.
  • No promover la localización de nuevos desarrollos, obstáculos o mejoras sustanciales a menos que se haya demostrado que se han evaluado otras alternativas de localización y que las mismas no son viables.

Conocer que el gobierno no debió autorizar desarrollos en las áreas inundables, al mismo tiempo que sabemos que 600,000 personas viven en áreas inundables y que 200,000 viviendas están construidas en áreas que se inundan periódicamente, deja mucho que pensar sobre cómo se han tomando las decisiones en la JP y en la OGPe. Esto se confirma al analizar las zonas inundables y el número de viviendas dentro de éstas en las últimas tres décadas, que muestra un aumento en el número de personas y familias que viven en áreas inundables.

De un análisis visual de los mapas de inundación disponibles, tanto en la página de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) como de la JP, las estructuras afectadas son tanto viviendas formales construidas con sus respectivos permisos y autorizaciones legales, como de estructuras informales.

Durante mi presidencia en la JP, se realizaron grandes esfuerzos para actualizar la planificación en Puerto Rico, no solo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUTPR), donde claramente se delimitaron las áreas de riesgo, sino que se volvió a recalcar la no construcción en áreas de riesgo como “inundaciones, maremotos, deslizamientos, corrimientos de terrenos y erosión”.  Se inició el proceso de actualización y adaptación de los instrumentos de planificación municipal vigentes a las nuevas políticas del PUTPR, así como los planes de ámbito regional, como las zonas turísticas, reservas naturales y las agrícolas.

Mientras trabajamos el PUTPR, uno de los aspectos más difícil de hacer entender a un desarrollador, propietario o alcalde, era que su propiedad o propiedades de interés no eran desarrollables, porque estaba sujetas a algún tipo de riesgo. En cambio, cuando hablábamos con prensa y ciudadanos, las áreas de riesgo eran las que más fácil se entendían y nos permitía explicar los principios básicos de la ordenación territorial.

Durante los días posteriores a María, estuve mirando en mi computadora imágenes aéreas de Puerto Rico tomadas por el National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en los días siguientes al desastre. En mi cabeza comenzaron a llegar los recuerdos de las múltiples reuniones y conversaciones con distintas personas sobre los motivos por los que no está permitido la construcción en zonas de riegos. Ninguna de estas personas que presentaron propuestas o interés en desarrollar una construcción en una zona de riesgo indicaron que vivirían o trabajarían allí.

Me acuerdo de un alcalde que cuando le mostré que el mapa de inundaciones de FEMA claramente indicaba que los terrenos eran inundables, me contestó que tenía 56 años, que se había criado bañándose en el río y el río nunca había llegado allí. Estoy seguro que los mapas FEMA se quedaron cortos para indicar el nivel del agua tras María.

Recuerdo la insistencia para que dejáramos unos terrenos inundables con clasificaciones que permitiesen el desarrollo de cientos de casa unifamiliares y un hospital, junto al río La Plata. La contestación estaba en los mapas vigentes de inundación y en la fotos de aéreas de NOAA, que nos muestra como quedó el puente de la Virgencita.

Más insistente era el proponente de un proyecto de placas solares dentro del cauce mayor del río Grande de Loíza, que tras la denegatoria acudió a los tribunales, alegando que anteriormente la JP había autorizado proyectos similares.  El Tribunal Apelativo dio la razón a la JP, que baso su denegación, no solo en que los terrenos son inundables, sino que este riesgo aumentará por el cambio climático.

Les cuento también del desarrollador con su abogado con “apellidos” que llevó a la JP en dos ocasiones al tribunal, pues no se le permitía la construcción de un proyecto de viviendas de interés social en la zona inundable junto al río Canóvanas. Lo que no creerán es que su justificación era que se trataba de un proyecto de “interés social”, y repetía que esa había sido la práctica en el pasado.

Los alcaldes y desarrolladores preguntando insistentemente por qué los proyectos comerciales no pueden estar en zonas inundables. Como si por ser comercial se pudiesen inundar, sin importar que después de cada inundación esa actividad dejase de producir o las perdidas económicas no importaran.  Por su puesto, nunca entendían que las modificaciones en los valles inundables, tienen consecuencias río abajo.

Pero también me acuerdo de aquellos que tenían muy claro que no se debía desarrollar en las áreas inundables y de los riesgos constantes que los empleados de la defensa civil tenía que asumir para salvar las vidas de los residentes que viven en áreas inundables. Del alcalde que sabía que los mapas de FEMA no indican todas la áreas inundables de Puerto Rico, que hay quebradas que cuando llueve de manera intensa, inundan como ríos, pues hacía años tuvo que salir a salvar a su hija de una inundación.

Han pasado 77 días desde María, y para muchos debe ser obvio que nuestros puertos, aeropuertos, carreteras, sistema de acueductos y alcantarillados, sistema pluvial, sistema eléctrico y telecomunicaciones deben de estar construidos para soportar huracanes y desastres. De igual modo, hoy deben ser muchos los que piensan que no debemos construir nuevas viviendas en áreas inundables, y debemos buscar una solución para 13% de las construidas en áreas inundables.

Construimos un Puerto Rico sin reconocer que somos una isla tropical en el Caribe, que se ve afectada por fenómenos meteorológicos todos los años y que según los expertos seguirán ocurriendo con mayor intensidad, debido a los efectos del cambio climático.

Tenemos una oportunidad para reconstruir a Puerto Rico sin repetir las malas prácticas del pasado. Para ello, la actual Junta de Planificación y el director de la OGPe deben tomar decisiones para que la reconstrucción no ocurran en las zonas de riesgo e iniciar el proceso para desarrollar regulaciones más restrictivas (ejemplo, los retiros de los cuerpos de agua). De no hacerlo, en el próximo huracán volverán a morir puertorriqueños.

  • El autor es economista y planificador urbano.
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