Por redacción de Sin Comillas

Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced que elabore un plan para esta temporada de huracanes tomando en cuenta la pandemia y las dificultades sociales y legales confrontadas tras el huracán María y los recientes terremotos.

“Queremos hacer notar que se vaticina como una temporada [de huracanes] activa, que ocurre en el contexto de una pandemia, sin refugios seguros y con decenas de miles de viviendas con toldos azules, así como con otras en espera de asistencia para reparación y reconstrucción que difícilmente llegará a tiempo”, señala la carta enviada a la gobernadora y firmada por  tres de las abogadas de  la entidad sin fines de lucro: Ariadna Michelle Godreau-Aubert, Paula Fournier del Valle y Verónica González Rodríguez-

De la experiencia legal y de coordinación que ALPR ha tenido con los desastres y los problemas de vivienda en el país, elaboraron sus recomendaciones de cara al inicio de la temporada de huracanes, que comienza el 1 de junio.

La reparación y reconstrucción de viviendas con fondos CDBG-DR “es una prioridad”, destacó Godreau quien además es la directora ejecutiva de la entidad, por lo que sugirió se enmiende el Plan de Acción para separar los procesos de reparación y reconstrucción del de relocalización de residentes y permitir allegar asistencia a cientos de miles de familias que viven en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos.

Las recomendaciones presentadas son las siguientes:

Antes de la temporada

●      Desarrollar y publicar el plan de manejo de desastres adaptado a una nueva temporada de huracanes en medio de la pandemia. Debe incluir protocolos de distanciamiento físico, para la prevención y el manejo de brotes de contagio y la disponibilidad de pruebas que ya están almacenadas en los distintos municipios. Este plan debe atender, además, las necesidades de poblaciones particulares e incluir protocolos para la prevención y el manejo de casos de violencia de género, protección de menores, atención a personas encamadas, adultas mayores y personas con diversidad funcional.

●      Desarrollar un plan para el almacenaje y distribución de suministros – incluyendo sus inventarios y criterios para la repartición-, disponible al público general.

●      Dar prioridad a la reanudación de labores de reparación y reconstrucción de viviendas con fondos CDBG-DR, siguiendo protocolos estrictos de seguridad y salud. Esto debe incluir establecer medidas cautelares estrictas para permitir que procesos como la toma de solicitudes, el análisis de la misma y las inspecciones puedan reanudarse.

●      Enmendar el Plan de Acción para separar los procesos de reparación y reconstrucción del de relocalización y permitir allegar asistencia a cientos de miles de familias que viven en zonas inundables o susceptibles a deslizamientos cuando la mitigación es posible. Esto agilizaría el uso de los fondos y protegería el techo seguro de comunidades y familias de escasos recursos alrededor de Puerto Rico.

●      Ofrecer alternativas viables y adecuadas de vivienda segura a las familias que continúan desplazadas tras los terremotos en el sur.

●      Identificar, certificar y publicar la lista de refugios seguros, salubres y accesibles alrededor de Puerto Rico, en número y localización equivalente a las escuelas.

Durante la temporada de huracanes

●      Los refugios deben estar preparados y abrir tan pronto se pueda prever alto riesgo de impacto para Puerto Rico.

●      Garantizar suministros a todo Puerto Rico, en particular a las islas municipios de Vieques y Culebra.

●      El gobierno debe ser diligente en sus solicitudes de declaración de emergencia y desastre mayor. Reiteramos, tal como quedó claro ante los terremotos, que ante daños significativos inminentes o evidentes no es necesario presentar tales solicitudes por separado. Debe exigirse la mayor asistencia pública e individual posible. Toda solicitud debe hacerse pública.

Después de un huracán

●      Junto a alcaldes y sin fines de lucro, censar el daño en las propiedades lo antes posible, incluyendo aquellas que son habitadas por familias no dueñas.

●      Hay que asegurar que el proceso de las solicitudes de emergencia estará disponible a las comunidades remotas sin necesidad de uso de tecnología o electricidad.

●      Garantizar que las personas dueñas sin título formal podrán acceder a fondos de asistencia individual para desastres para reparar sus hogares. Ganamos este reclamo en el 2018, pero el gobierno local no amplificó efectivamente la exigencia. Este obstáculo dejó a miles de familias sin un techo seguro.

●      Promover la canalización de asistencia para poblaciones que quedan descubiertas tales como las personas inmigrantes.

●      De tratarse de un impacto significativo, debe implantarse un paquete de políticas públicas que incluyan: moratorias en desahucios y ejecuciones de hipoteca, moratorias para el pago de hipotecas y rentas, asistencia para alquiler, asistencia para personas desplazadas de sus trabajos o con ingresos disminuidos.

●      De ser necesario, implantar un plan de relocalización sensible, participativo y adecuado para familias que no puedan volver a sus hogares de forma temporera o permanente.

●      Revisión del plan de manejo de emergencias para incorporar hallazgos de la temporada.

ALPR es una organización que ofrece orientación legal gratuita a personas y comunidades de escasos recursos. Por los últimos tres años, ha dedicado esfuerzos y recursos a la respuesta legal ante desastres y la recuperación justa. Logró, entre otras cosas, que FEMA, a raíz de los huracanes Irma y María, reconociera el derecho de personas sin título formal a recibir asistencia para reparar sus hogares, iniciativa que continuó con los terremotos y ahora ante la pandemia.