Se estima que habría más de 250,260 viviendas en riesgo de ejecución

Por redacción de Sin Comillas

En los primeros dos meses del año, los bancos ejecutaron 459 viviendas, según datos de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). La cifra supone 162 ejecuciones más que en el mismo periodo del año pasado y es sólo la mitad de las que se ejecutaron en el 2017. Se trata de “cifras alarmantes” porque no incluyen los casos en el tribunal federal de quiebra, señalaron Ariadna Godreau Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Ayuda Legal Puerto Rico ( ALPR); Ricardo Ramos, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y Tania Morales Cruz, analista de políticas públicas de ALPR.

ALPR analizó las hipotecas con más de 90 días de atraso; en quiebras, cuentas vendidas a otras instituciones financieras, propiedades en subasta, en ejecución, sometidas al tribunal federal y en moratoria de pagos. Todos los casos totalizan más de 250,260 viviendas en riesgo.

“Los datos oficiales no lo dicen todo”, afirmó Ramos. “Según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial pues OCIF no incluye los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas, conocidas como reverse mortgage”.

Ramos explicó que se esperaba un aumento en el 2017, pero las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos, creando una merma artificial.

Los problemas de acceso a la justicia agravan más la situación para la población, indicaron los abogados.  “Como la información es muy técnica, muchas veces en inglés; la orientación de la banca es inadecuada, falta educación y representación legal y la situación causa una gran carga emocional, mucha gente enfrenta este proceso sola y no tiene que ser así”, señaló Godreau.

ALPR considera que esta crisis es una “emergencia nacional” ya que más de un 25 % de la población o sobre 750,000 personas, están afectadas.

ALPR ha creado un protocolo para “ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación”, indicó Godreau. “La crisis no afecta a todas las personas por igual. Sufren tanto personas como entidades, pero hay personas más vulnerables y suelen enfrentar solas este doloroso proceso, y no tiene que ser así. Tienen derechos y opciones, y pueden recibir ayuda”.

El “protocolo de primeros auxilios” de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de préstamos hipotecarios sepan qué opciones tienen.

“Queremos que las personas conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan. Especialmente, nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, reciban la asistencia necesaria”, indica el documento del protocolo confeccionado por Ayuda Legal Puerto Rico.

En la mayoría de las ocasiones es posible detectar cuándo una persona se encuentra en riesgo de que su vivienda sea ejecutada. Si la persona no ha incumplido con un pago, pero se contempla que eventualmente tendrá dificultades para cumplir, se puede solicitar al banco una negociación para mejorar las condiciones del préstamo hipotecario y salvar la propiedad. Ninguna persona puede ser removida de su casa por el banco. Se requiere que se inicie y complete un proceso judicial, dice el documento.

El protocolo de Ayuda Legal Puerto Rico cubre temas como: atención de llamadas telefónicas, orientación, proceso judicial, alternativas antes de la ejecución de la hipoteca, responder la demanda judicial, mediación compulsoria, sentencia, subasta, mitigación de pérdidas, venta judicial, cronología de eventos, personas vulnerables, y directorio de servicios legales gratuitos, entre otros.

El grupo considera que el Gobierno debe tomar medidas para paralizar todos los procesos, incluyendo subastas, y convocar una comisión especial para atender la crisis hipotecaria.