Un grupo de compañías se oponen al nombramiento de  Gloria Escudero como miembro asociado de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRT), por entender que con ello se pone en peligro el balance de poderes que ha existido en dicho organismo. Escudero trabajó durante más de 30 años para en la PRTC-Claro igual que la actual presidenta de la JRT, Sandra Torres.

“El tener dos miembros asociados de PRTC-Claro en la Junta minaría la confianza que las compañías competidores tienen en la Junta como un ente imparcial y justo, poniendo en juicio su integridad y credibilidad”, dijo Jorge Hernández, vicepresidente de OneLink Communications.

El grupo de compañías está compuesto por AT&T Mobility, Choice Cable, Columbus Business Solutions, Liberty Cablevision, OneLink Communication, Pacific Phones, Puerto Rico Bridge Initiative, Teléfonica Larga Distancia y WorldNet Telecommunications.

“Actualmente hay varios asuntos de envergadura ante la consideración de la JRT relacionados a la PRTC-Claro tales como la apertura del mercado, subsidios cruzados, costos de interconexión, por lo que la posible confirmación de Escudero como miembro asociado abriría la puerta para que todas las compañías competidoras que pierdan casos en contra de la PRTC-Claro argumenten en los Tribunales la situación interna de la composición de la Junta”, señaló Michael Carrosquilla, gerente general de Choice Cable TV.

Las compañías plantearon que la designada no tiene el conocimiento especializado que requiere la regulación estatal y federal que regula la oferta de telecomunicaciones y, además, Escudero ha tenido acceso o ha trabajado en asuntos que se encuentran ante la consideración de la JRT que en un futuro podrían estar ante la consideración de dicho organismo.

“En consecuencia, por determinaciones previas de la Oficina de Ética Gubernamental en casos de miembros asociados anteriores, Escudero tendría que inhibirse de cualquier asunto que hubiera trabajado en PRTC”, expresó David Bogaty, presidente de WorldNet Telecommunications, concluyendo que “esto podría afectar el ritmo de trabajo de la Junta ya que sobre el 95% de los casos tienen como parte a PRTC”.