El informe recomienda enmendar la Constitución para modificar el cálculo del límite de la deuda
Por Luisa García Pelatti
La Junta de Control Fiscal ha creado un Comité Especial de Reclamaciones para evaluar los hallazgos del informe del investigador independiente, Kobre & Kim, sobre la deuda de Puerto Rico y su relación con la crisis fiscal, que podrían conducir a potenciales reclamaciones y decidir cuáles perseguir. El comité está compuesto por los miembros de la Junta: Arthur González, Ana Matosantos, David Skeel y Andrew Biggs.
No está claro si el rol del nuevo comité será identificar violaciones a la ley en el proceso de emisión de la deuda y llevar a los responsables a los tribunales. “El próximo paso es la evaluación del nuevo sub-comité para ver qué asuntos se referirán y cuál es el rol de otras entidades que pueden tomar acción en base a la investigación que se ha hecho”, dijo Matosantos durante una audiencia pública celebrada ayer para analizar los hallazgos del informe del investigador independiente.
Los representantes de la firma Kobre & Kim, John Couriel y Farrington Yates, explicaron que el informe, que ha costado $16 millones, no identifica a los responsables de la crisis fiscal, que elevó la deuda por encima de los $70,000 millones, porque el objetivo de la investigación era “establecer los hechos”, no identificar culpables, explicó Couriel.
“El informe encontró muchas prácticas problemáticas, así como instancias en las que los ingresos de los bonos no se usaron para los fines para los que fueron emitidos. También identifica problemas que podrían conducir a posibles reclamaciones. Lo más importante es que provee una base sólida para el trabajo que está por venir: resolver la deuda y los asuntos fiscales que tenemos ante nosotros, y para que el gobierno de Puerto Rico y su gente decidan qué cambios hacer para evitar que esto vuelva a suceder”, dijo Matosantos.
Algunas de las recomendaciones incluidas en el informe de 600 páginas son: recomponer las juntas de directores de las utilidades públicas para que incluyan una combinación de miembros nombrados por el gobernador e independientes, con plazos más largos y escalonados en todas las administraciones; establecer juntas tarifarias independientes para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); enmendar la Constitución de Puerto Rico para que las deudas estructuradas bajo titularización de impuestos, tales como COFINA, cuenten para el cálculo del límite de la deuda constitucional; adoptar un estatuto que requiera que los bonos o la estructura del emisor sean validados por un tribunal de jurisdicción competente antes de que se emita la deuda; adoptar un sistema de contabilidad y presupuesto conjunto y modernizado que, entre otros mecanismos, incorpore controles automáticos de suspensión de pagos para las categorías presupuestarias agotadas; reducir permanentemente el porcentaje de activos de Puerto Rico en el que deben invertir los fondos en la isla, y hacer que la Oficina de Ética Gubernamental emprenda reformas específicas, incluida la implementación de un programa de denuncias o recompensas.
“Las recomendaciones contenidas en el informe intentan evitar que Puerto Rico vuelva a enfrentar el tipo de crisis de deuda que enfrentamos ahora. La evaluación seria de estas recomendaciones es fundamental para garantizar que esto nunca vuelva a ocurrir”, dijo Matosantos.
