“El derecho a la protesta se vuelve cada vez más necesario para reclamar cambios, literalmente de vida o muerte en Puerto Rico”
Por redacción de Sin Comillas
“Es de vital importancia que el gobierno de Puerto Rico garantice el derecho a la protesta en nuestra sociedad. Esto significa que, aún durante el toque de queda, las garantías constitucionales del País permanecen, la gente debe poder ejercer su derecho a manifestarse, especialmente si se las ingenian para guardar distanciamiento físico, y el gobierno de Puerto Rico no puede utilizar a la Policía para desalentar esas protestas”. Así lo manifestaron en conjunto representantes de diversas organizaciones de defensa de derechos como Amnistía Internacional PR, Brigada Legal Solidaria (BLS), Colegio de Abogados y Abogadas de PR (CAPR), Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICDH), Kilómetro Cero (Km0) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“Si una crisis de la proporción que estamos evidenciando en esta pandemia fuera a suspender la libertad de expresión, entonces este derecho fundamental no serviría de nada”, coincidieron los portavoces. “Precisamente por tratarse de un momento extraordinario, el derecho a la denuncia y a la protesta se vuelve un ejercicio fundamental de supervivencia. El arrinconamiento antidemocrático en Puerto Rico ha llegado a su punto más extremo. En este contexto, en el que llevamos años perdiendo derechos, en depresión económica y austeridad, crisis sociales y de cambio climático, atravesando huracanes, terremotos, negligencia crasa del Estado, corrupción y ahora ante esta pandemia, el derecho a protestar se vuelve cada vez más esencial para que la gente reclame los cambios urgentes, literalmente de vida o muerte, que entienda necesarios”.
El grupo también anunció que dos de las organizaciones que lo componen: Brigada Legal Solidaria y Colegio de Abogados y Abogadas de PR, proveerán defensa solidaria a manifestantes en caso de ser necesario. Algunas servirán como observadoras en las protestas en que les sea posible participar. Todas las organizaciones estarían documentando las violaciones de derechos en que incurriera el Estado, y no se descarta acudir a los tribunales si fuera necesario.
El grupo sostuvo que, por la situación excepcional, tanto las personas como los cuerpos policiacos deben ser rigurosos al respetar la distancia física que se exige ante la pandemia. “Ya hemos visto unas maneras realmente creativas de protestar, que permiten guardar la distancia requerida, por lo que es nuestro deber y, sobre todo, el del Estado proteger ese y cualquier otro ejercicio similar de libertad de expresión y derecho a la protesta. Es momento de proteger nuestros derechos y aspiraciones democráticas aún con más insistencia que como siempre lo hemos hecho y a eso nos comprometemos”.
