Por redacción de Sin Comillas
Organizaciones ambientales quieren que la jueza Laura Taylor Swain, asignada por el Tribunal Federal para atender los asuntos de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés,, les permita intervenir en el proceso de evaluación del Plan de Recursos Integrados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). Este plan pretende satisfacer la demanda de electricidad utilizando 15 turbinas de gas natural.
El 11 de julio de 2019, Swain tomará la decisión sobre si va a permitir que expertos de organizaciones ambientales actúen como interventores en el proceso de evaluación del Plan de la AEE.
“Nosotros, quienes representamos a múltiples organizaciones ambientales, entendemos que el Plan de Recursos Integrados va en contra del bienestar de las personas y del medio ambiente. Como puertorriqueños nos mantiene atados a los costos del gas natural, costos que no podemos controlar. Es de vital importancia la participación de expertos por parte de las organizaciones ambientales. En nuestros grupos contamos con expertos en derecho ambiental, derecho energético, análisis de política energética, económica y ambiental. Echar a un lado a estos expertos en este proceso, implica la prohibición de analizar una política energética trasparente que tiene repercusiones nefastas para los puertorriqueños y su medio ambiente. Implica, que no se nos va a permitir ofrecer soluciones a los mismos problemas energéticos que deseamos resolver como país”, señalaron en un comunicado.
Añadieron que, como expertos en el tema energético y ambiental, “queremos asegurarnos de que la ciudadanía tenga la mayor transparencia en estos procesos, que los consumidores tengan tarifas más bajas, a la vez que nos movamos hacia una producción de electricidad aumentando energías renovables que no afecten al medio ambiente. Queremos asegurarnos de que las políticas públicas energéticas vayan cónsonas con la nueva Ley 33 del 2019, llamada Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en Puerto Rico. Esta Ley establece que para el 2023 obtengamos nuestra electricidad en un 40% de energías renovables y para el 2050 se espera alcanzar el 100%. El gas natural no representa una energía renovable”.
Insisten en que si no se les permite participar se les niega la posibilidad de “defender esta ley y estar en vanguardia con el resto del mundo sobre asuntos del cambio climático. Está en nuestro interés y en el del país que se evalúen todas las posibilidades de generación de energía que no menoscaben la salud ambiental y la salud de los puertorriqueños. Por esto, le exigimos a la Jueza Swain que se nos permita participar en el proceso de evaluación del Plan de Recursos Integrados”.
