Por redacción de Sin Comillas
Un grupo de asociaciones que representan la industria de construcción y comercio advirtió que, con la aprobación del P. de la C. 2871 en la sesión extraordinaria, se eliminaría la apertura de nuevos establecimientos detallistas, lo que perjudicaría seriamente la industria de la construcción y la actividad comercial tan esencial para el desarrollo económico de la Isla.
El P. de la C. 2871, establecer que la Junta de Planificación no podrá aprobar consultas de ubicación para ninguna solicitud de proyecto que proponga un centro comercial mayor a 100,000 pies cuadrados de área bruta de construcción para la venta y almacén, a menos que cumpla con unas condiciones estipuladas en la legislación, que incluyen el pago del doble del salario mínimo federal a sus empleados; ofrecer a sus empleados beneficios marginales mandatorios de planes de retiro, planes médicos y planes dentales; y por lo menos la mitad de los empleados deben trabajar jornadas de 40 horas o más.
Como resultado de estas enmiendas, el salario mínimo para los empleados de los establecimientos cubiertos por este proyecto sería, no solo superior al promedio del resto de los comercios al detal en la Isla (un 161%), sino que además sería mayor que el de industrias como servicios educativos (un 105%), servicios de salud (un 115%) y bienes raíces (un 123%), todos los cuales requieren estudios postsecundarios.
“No es momento para que la legislatura apruebe medidas que son de impacto significativo y negativo a la economía del país. No es responsable que a menos de 45 días para terminar el año 2016 contemplen aprobar medidas tan nefastas como esta, sin el debido análisis, sin un proceso público participativo, y que lejos de propiciar el desarrollo económico su efecto será detener nuevas inversiones en la Isla, incluso de comercios locales en expansión. Lo más conveniente para todos es permitir que el año concluya sin improvisaciones y darle paso a la administración entrante. Nuevamente pedimos a la legislatura, que no agrave más nuestra situación actual y no aprueben esta medida”, informó Lymaris Otero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal”.
El economista Antonio Rosado alertó a la ciudadanía sobre las graves consecuencias de este Proyecto. “El sector de comercio al detal en la Isla es actualmente uno de los que más contribuye a la economía del país por la cantidad de empleos directos e indirectos que genera, el pago de contribuciones y patentes, recaudos del IVU y compras a suplidores locales, entre otros factores y la industria de construcción, la cual era uno de nuestros principales motores y ha caído a niveles de los años 60 y 70”, expresó Rosado.
“Con la aprobación del proyecto 2871 en la se Cámara de Representantes, se le pone un candado a Puerto Rico porque se le da una estocada fatal a la ya maltrecha industria de la construcción, se prohíbe el establecimiento de nuevas entidades comerciales de gran tamaño ― que podrían servir de anclas a futuros centros comerciales, distribuidores locales al por mayor, plazas del mercado, mueblerías, ferreterías y “dealers” de autos, entre otros― sino que también se desincentiva que empresas locales continúen creciendo para evitar la penalidad legislada para los que alcancen el éxito”, añadió.
“Este proyecto de ley plantea restricciones que van contra la libre empresa y el desarrollo empresarial, y pareciera que persigue un objetivo de incrementar los costos de operación de las empresas al detal en Puerto Rico y drenar sus ganancias, contrario a lo que debe ser la política pública del país para recuperar nuestra economía”, manifestó Rosado.
“A ningún otro sector de la economía en Puerto Rico se le requiere que sus empleados tengan planes de retiro y planes de salud como beneficios mandatorios, o se le requiere una cuota de empleados a tiempo completo, por lo que es discriminatorio. La categoría creada por este proyecto es evidentemente caprichosa”, comentó el economista.
“Este proyecto cierra las puertas a futuras inversiones y a la creación de nuevos empleos en Puerto Rico, en un momento en que la inversión pública se ha reducido de forma dramática y la inversión privada se ha convertido en la única forma de estimular el crecimiento económico, a pesar de las trabas que el Gobierno crea constantemente. La entrada en vigor de esta ley significa que, además de lidiar con los altos costos de energía eléctrica y acueductos y alcantarillados, los problemas de los permisos y de toda la burocracia gubernamental, las empresas ahora enfrentan una limitación en su crecimiento”.
Entre las asociaciones que se oponen a este proyecto figuran la Asociación de Comerciantes en Materiales de Construcción, Asociación de Constructores, la Asociación de Comercio al Detal, Asociación de Restaurantes y la Cámara de Comercio.
