Por redacción de Sin Comillas
Varios grupos que representan a consumidores, trabajadores y empresas mostraron su oposición al proyecto de la Legislatura “Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE)”. Se espera que las medidas (P del S 1523 y P de la C de la 2742) se presenten en la Legislatura a partir del lunes.
Aseguran que su se aprobara el proyecto se trastocaría el marco legal que en la actualidad permite la participación del ciudadano consumidor y organizaciones no-gubernamentales como interventores en los procesos de revisión tarifaria; se establecerán cargos arbitrarios por parte de la AEE por generación por medio de energía renovable; se aprobará para la AEE un mecanismo de endeudamiento sin considerar el balance óptimo y legítimo de la deuda vieja y nueva, y se afectará adversamente el derecho al acceso a la energía. El remedio provisto será peor que la enfermedad y afectará negativamente cualquier iniciativa de desarrollo económico.
Los representantes de los distintos sectores sostuvieron que los proyectos del Senado 1523 y de la Cámara 2742, según redactados y presentados en vistas públicas en el 9 de noviembre de 2015, no deben ser aprobados porque tienen elementos que son extremadamente perjudiciales para todos.
- El Proyecto tal y como está permite revertir a la AEE el control sobre las tarifas, limitando los poderes de la Comisión de Energía como ente regulador independiente en los procedimientos de Revisión Tarifaria, incluyendo la Revisión del Plan Integrado de Recursos.
- Establece cargos adicionales por generación por medio de energía renovable y limita y posterga el cumplimiento con metas de implantación establecida, al: (a) permitir la imposición de un cargo adicional por generación de energía distribuida, incluyendo la generación por medio de paneles solares en techos residenciales o comerciales; (b) revisa los procesos de medición neta para reembolsarle al cliente un equivalente del costo marginal por la energía producida y no el costo real, y; (c) limita significativamente la implantación progresiva de la cartera de energía renovable, atrasando el cumplimiento de que la misma sea 20% de toda la generación para el 2035.
- Provee para la creación de la Corporación para la Revitalización de la AEE, como un vehículo para perpetuar el endeudamiento y así lograr el financiamiento de proyectos sin controles y sin límites, tomando como prioridad el pago de la deuda y no la operación eficiente y competitiva de la AEE. La Corporación para la Revitalización debe contar con controles financieros reales dirigidos a lograr una operación eficiente como principal meta, en vez del repago de la deuda. El efecto en la tarifa energética de los acuerdos alcanzados sobre una reducción del principal del valor de la deuda de un 15% debe ser evaluado por la Comisión de Energía, tomando como referencia estudios y reestructuraciones previas en otras jurisdicciones.
“La Comisión como ente regulador independiente debe tener poderes completos sobre la evaluación y validación de propuestos aumentos y es piedra angular en el cambio que debemos iniciar en nuestro sistema eléctrico como propulsor principal de desarrollo económico”, sostuvo Carlos Rivera Vélez, presidente de la Asociación de Industriales, sobre revertir el control de las tarifas a la AEE, mientras que el presidente del Centro Unidos de Detallistas, Rubén Piñero, indicó que “debemos aspirar a un 50% de energía renovable para el 2035 en todas sus vertientes; centralizada, distribuida, hidroeléctrica, entre otras”.
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que la Corporación que se pretende crear para la Revitalización de la AEE “debe contar con estados financieros auditados que distribuyan el valor de la deuda de la AEE para cada segmento de la misma”.
“Es indispensable que todo esto se vea bajo un marco de que todos tenemos derecho a la energía con costos transparentes y legítimamente avalados por un ente independiente”,expresó el reverendo Felipe Lozada Montañez, Obispo de la Iglesia Luterana del Caribe y Coordinador de la Mesa de Diálogo Energético. “De aprobarse este proyecto de ley se marginaría la intervención del ciudadano consumidor, que es la meta de todo proceso participativo, con el fin de lograr el costo energético base (para todos los sectores) más bajo posible, con la eficiencia energética que promueve y sostiene un servicio seguro y confiable”, agregó Lozada Montañez.
“Ciertamente, en medio de procesos tan importantes como la evaluación del Plan Integrado de Recursos sometido por la AEE ante la Comisión de Energía, la AEE pretende desarticular el marco legal existente, que tiene como principio establecer un ente regulatorio con una junta compuesta por tres ciudadanos independientemente asesorados, para ejercer las más modernas estructuras de regulación energética y velar por la transparencia, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y efectividad de nuestro sistema eléctrico” expresó José Rossi presidente de la junta del Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica.
“No debemos de cambiar este marco legal y menos en el medio del proceso regulatorio llevado a cabo al presente, donde la AEE debe mucha información y aun no entrega estados financieros según indica el líder obrero Jaramillo”, agregó Rossi.
“La Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) es el mismo tipo de Autoridad en Ley que obliga a un juez o un síndico que pretende re-estructurar una corporación quebrada o un inversionista que pretende construir infraestructura energética nueva en Estados Unidos y otras jurisdicciones, a presentar su plan y obtener autorización para tarifar el costo razonable y justo, por medio de procesos justos y reglas claras”, subrayó Rivera, presidente de la Asociación de Industriales.
