Por Luis García Pelatti*

La situación de la infraestructura eléctrica de Puerto Rico viene deteriorándose durante las pasadas décadas, en una mezcla de irresponsabilidad por parte de sus gestores y los gobernantes y legisladores incapaces de asumir su transformación por miedo al costo político de las subidas de tarifas y cambios administrativos.Pero ciertamente el cuatrienio pasado se habían comenzado unas transformaciones a través de la Comisión de Energía, los acuerdos con los acreedores y la Ley Núm. 4 del 2016, que exigía la composición de una nueva junta para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y una Junta para la Corporación para la Revitalización de la AEE, que fue nombrada con retraso en octubre de 2016, pero que reflejaba en sus nombramientos una profesionalización y especialización.

La solución de Ricardo Rosselló para el sistema eléctrico fue crear una nueva ley (28 de abril de 2017) y poner nuevos miembros en la Junta de AEE, al igual que hizo con todas las corporaciones y entidades públicas, para darle más “independencia y pericia”

Pero la realidad es que desde hace tiempo las corporaciones públicas, lo son solo de nombre, son casi una agencia más donde el director ejecutivo asiste a las reuniones del gobernador como si fuera un jefe de agencia más, algo que sería inconcebible en cualquier parte del mundo, incluyendo los Estados Unidos.

Al igual que lo hicieron anteriores gobernadores, Ricardo Rosselló ha gestionado la AEE como un departamento más, designando a Ricardo Ramos Rodríguez desde el 9 de marzo y al resto de la junta entre junio y julio. Por eso, las proyecciones de cuándo llegará la luz no las presenta alguien técnico que maneja una corporación pública, sino un político que nos dice cuándo le gustaría que llegara la luz y no cuándo objetivamente es posible que llegue.

Somos muchos los que nos preguntamos si Ricardo Ramos tiene un celular personal o un celular de la AEE, y cual es la compañía de celulares con le da servicio. Pues no sabemos cómo era posible que existiera buena comunicación para contactar y contratar a Whitefish Energy, pero se tuvieran “comunicaciones limitadas” y se alegue que se “nos cayeron las comunicaciones” para solicitar ayuda y llegar acuerdos con la Asociación de Utilidades Públicas Eléctricas de América. ¿Es posible que Ricardo Ramos y la AEE, estén influenciados por Donald Trump y cuenten con “comunicaciones alternativas”?

Alguien puede creer que su director ejecutivo y la Junta de gobierno de la AEE estaban firmando un contrato de $300 millones a días de que nos pasara el huracán Irma, y después de que nos azotara el huracán más devastador en los últimos 80 años, sin saber si FEMA iba a reembolsarlo o mientras se establecía una cláusula que no podía ser revisado por ciertas entidades públicas.

Un contrato que ahora se cancela, no sabemos si por la determinación del director ejecutivo, la Junta de la AEE o porque Ricardo Rosselló lo pidió. Pero Ricardo Ramos dice que no hay ‘nada” que sea irregular, después de que los medios de comunicación de Estados Unidos y Puerto Rico lo ventearan al mundo y que el mismísimo Congreso de Estados Unidos pidiera una investigación.

Sin entrar en responsabilidades legales, debe aparecer una persona que se haga responsable por haber otorgado el contrato a Whitefish Energy. Todo apunta a que el director ejecutivo de la AEE no debe seguir en su posición. Somos muchos los que dudamos sobre la manera en que viene gestionado la AEE para devolver el sistema eléctrico a los millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales, pero después de leer las cláusulas del contrato que suscribió con Whitefish Energy está incapacitado para gestionar fondos públicos.

Es lamentable como estas acciones minan la credibilidad de Puerto Rico y dan fuerza a los planteamientos sobre si somos capaces de administrar honestamente a Puerto Rico. El Gobernador debe asumir la responsabilidad o pedir responsabilidad a las personas que nombró.

  • El autor es planificador y economista.