Por Luis García Pelatti*
Puerto Rico es víctima de una tormenta perfecta, una ley que beneficia a navieros y sindicatos y perjudica a los residentes de Puerto Rico. Un artículo puede costar un 24% más en San Juan de Puerto Rico que en Jacksonville, Florida.
La culpa es de la Ley de Cabotaje o Ley Jones de 1920, que limita el tráfico de barcos entre dos puntos de los EE. UU., incluyendo sus territorios y posesiones, a barcos construidos y registrados en los EE.UU. y cuyos dueños y marineros sean estadounidenses. Estudios indican que si transportáramos nuestras mercancías, bajo un libre mercado o competencia, el mismo producto solo nos debería costar un 7% más.
Sobre el impacto de la ley de cabotaje en Puerto Rico, se han hecho diversidad de estudios, algunos tan temprano como el Brookings Institution en 1931, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York 2012, la Oficina de la Contraloría General en 2013 y el Informe Krueger 2015, llegando a la misma conclusión sobre su impacto negativo a la economía. Los impactos sobre los consumidores superan los $850 millones anuales, según estudio realizado por economistas de la Universidad de Puerto Rico.
Gracias a la bancarrota de Puerto Rico y la Ley Federal PROMESA, se ha producido un despertar sobre su impacto a Puerto Rico. El senador republicano John McCain (Arizona) y el representante republicano Gary Palmer (Alabama) están proponiendo la revocación o suspensión de la Ley Jones. Incluso Donald Trump, tuvo un “gesto alternativo” antes de visitar a Puerto Rico por el Huracán María, la suspendió por 10 días (28 de septiembre al 8 de octubre) mientras giñaba el ojo a los navieros, pues preparar la salida de un barco puede tomar de 5 a 6 días, por lo que su impacto fue nulo (“Only one ship headed to Puerto Rico under the Jones Act waiver is delivering FEMA aid”).
Nuestra tormenta perfecta, es que somos víctimas de una ley que perjudica a Puerto Rico, Hawái y Alaska, pero beneficia a la Asociación Marítima Estadounidenses, con gran influencia en el Partido Republicano, y al sindicato AFL-CIO, con gran influencia en el Partido Demócrata. Cualquiera que conozca de política, sabe que ésta es la combinación más letal a la hora de intentar trastocar una legislación, no importa que tenga 97 años y cuyos objetivos para salvar la industria de construcción naval se hayan perdido hace tiempo.
La Asociación Marítima Estadounidense no va a permitir que se cambie la ley, pues perdería un mercado cautivo, pues se estima que sólo Puerto Rico representa el quinto mercado de productos de los Estados Unidos. Este mercado está controlado por las compañías como Crowley Maritime Corp., Horizon Lines (Matson Navigation Company), Sea Star Line LLC (TOTE Maritime), Trailer Bridge Inc. y National Shipping of America.
Para mayor desgracia de Puerto Rico, la División Antimonopolio del Departamento de Justicia Federal estableció la multa más alta en la historia –$76.5 millones– a Sea Star Lines, Horizon Line y Crowley, tres de las cuatro compañías que controlaban el tráfico marítimo, por haber conspirado en la fijación de precios en las tarifas y fletes marítimos entre Puerto Rico y los Estados Unidos por espacios de 6 años (2002 a 2008) y seis ejecutivos de las compañías fueron sentenciados a cárcel por la Corte Federal.
La Federación Americana del Trabajo – Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO por sus sigla en inglés), no va a permitir que se cambie la ley, pues afectaría a sus afiliados de la International Longshoremem’s Association (ILA), pues la llegada de compañías internacionales pone en riesgo la perdida de afiliados, ante la potencial perdida de mercado de las navieras estadounidenses.
Podría escribir sobre las necesidades de Puerto Rico y cómo un mercado competitivo internacional de compañías navieras pudieran beneficiar a Puerto Rico, pero eso está dicho en muchos informes y los informes no cambian legislación.
¿Qué puede mover a 100 senadores y 435 representantes de los Estados Unidos para cambiar una ley que defienden empresarios y sindicatos? Solo un grado de sentido de justicia y solidaridad para con los estados y territorios más aislados.
¿Qué puede cambiara para que el Gobernador Ricardo Rosselló solicité la eliminación de la Ley de Cabotaje para Puerto Rico? Tan reciente como el 10 de octubre, el Departamento de Seguridad Interna Federal confirmaba que no había recibido una petición del Gobernador, para eximir permanentemente o a largo plazo de la Ley de Cabotaje.
Por otro lado, nuestros políticos, los más interesados en las penurias de Puerto Rico, no han podido superar la presión de navieros y sindicatos, por lo que es difícil encontrar posiciones clara y contundentes solicitando su derogación o exclusión para Puerto Rico. Ejemplo de esto es la Comisionada Residente Jennifer González, quien ha expresado que está en contra de que se derogue la Ley de Cabotaje
Le podemos pedir al americano sensibilidad con Puerto Rico, pero tenemos que tener el valor de asumir posiciones, si nosotros no somos capaces de aguantar la presión de los navieros y sindicatos, es muy difícil buscar apoyos en legisladores estadounidenses que no les afecta el tema.
Puerto Rico está en bancarrota, María destruyó nuestra infraestructura, no dejemos que la Ley Jones nos limite en nuestra capacidad de recuperación.
- El autor es planificador y economista.
