La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)  emitió una Orden para Mostrar Causa contra Sotingel Investors Group y su presidente y tesorero, Julio Martínez Avilés, tanto en su carácter personal como empresarial, por violar la Ley Uniforme de Valores y su respectivo reglamento.

La Orden, emitida el 25 de enero de 2012, detalla que la compañía Sotingel y su presidente establecieron un negocio de venta de valores sin contar con las autorizaciones e inscripciones requeridas por ley a ese tipo de negocio, dado que ni la empresa ni el presidente están inscritos como corredores de valores en la Isla. Además, retuvo indebidamente dinero de sus clientes, a quienes afectó con falsas representaciones. 

Martínez Avilés y Sotingel tienen 10 días, a partir de la emisión de la Orden, para mostrar causa de por qué la OCIF no debe emitir una Orden de Cese y Desista contra ellos. Además, se les exige la protección de los documentos, así como la entrega del listado de todos los clientes y de todas las personas que la empresa haya utilizado para el ofrecimiento de valores.

Tanto Sotingel como Martínez Avilés se exponen a una multa de $5,000 por cada una de las 72 violaciones de Ley y Reglamento, para un total de $360,000.

En los cinco casos investigados, las personas entregaban dinero para inversiones en proyectos de vivienda, algunos en Latinoamérica, alegadamente asegurados por la entidad federal Overseas Private Investment Corporation, lo que no era cierto. Los afectados recibían documentos como contrato de inversión y certificado de acciones. Algunos recibieron dinero producto del supuesto rendimiento, pero no del principal. En la Orden se les exige que muestren causa de por qué no deben devolver el dinero entregado por los afectados, ascendente a $879,949.

La Orden de OCIF establece que los implicados “realizaron manifestaciones falsas y omitieron información material al ofrecer, vender y realizar transacciones de y en los productos de Sotingel con la intención de engañar a la ciudadanía, específicamente en los casos de los señores”.

“Estas actuaciones representan un riesgo de daño grave e inmediato a la industria, ciudadanía, así como trastoca el orden público. En OCIF no permitiremos que se violen la ley o los reglamentos que buscan proteger a las personas y al sector financiero que es fundamental para el desarrollo económico de Puerto Rico”, aseguró el Comisionado de Instituciones Financieras, Rafael Blanco.