Foto: Sin Comillas
Por Luisa García Pelatti
La Junta de Control Fiscal gastó, hasta el 30 de junio, $59.9 millones de su presupuesto de $60 millones. La mayor parte del gasto corresponde a servicios legales ($52.4 millones). Los datos (Presupuesto proyectado de la Junta de Supervisión para el Año Fiscal 2018) fueron publicados el viernes en la página de Internet de la Junta.
“El pueblo de Puerto Rico tiene legítimo derecho a saber en qué gastamos y vamos a poner hoy el presupuesto en el website”, dijo José Carrión, presidente de la Junta durante una conferencia de prensa celebrada tras la octava reunión pública del organismo, horas antes de que se publicara la información.
Carrión indicó que la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, ofrecerá más detalles del presupuesto en la Legislatura o en otros foros. Por cierto, Jaresko informó que el jueves por la noche completó su mudanza a la Isla desde Ucrania.
“A nosotros nos da vergüenza, pero estamos en la situación en que estamos y tenemos que gastar ese dinero para defender los derechos del pueblo de Puerto Rico”, comentó Carrión.
Sobre el proceso para la aprobación de presupuesto, Carrión reveló que las conversaciones con el gobierno fueron “bastante difíciles” y “parte de esas diferencias fueron con la legislatura”. Explicó que la reducción de presupuesto que se le pidió a la Legislatura es “cónsona” con las rebajas del resto del gobierno.
¿Quién manda?\
El presidente de la Junta de Control Fiscal calificó la aprobación del presupuesto como “un gran logro” y felicitó al gobierno por ello. “Claro, eso no significa que estamos de plácemes en todo. Esperamos llegar a un acuerdo y está estipulado que de lo contrario, nos encontraríamos en un tema judicial”. Carrión se refiere a la posibilidad de que la Junta decida recortar la jornada laboral de los empleados del gobierno a partir del 1 de septiembre.
“Entendemos que tenemos la autoridad para implementar la reducción de jornada laboral”. El gobierno dice que la Junta puede hacer recomendaciones pero que la decisión le compete al gobierno. “Ellos dicen que son recomendaciones, nosotros decimos que es parte del plan fiscal”.
Ana Matosantos explicó que la recomendación de reducción de jornada laboral tiene dos partes: 1) cumplir con una reserva de $200 millones. El gobierno cumplió con ese requisito. 2) el gobierno tiene que ofrecer suficientes detalles de los cambios para lograr ese ahorro.
Ahí es dónde la Junta dice que el gobierno no ha ofrecido los detalles exigidos y podría tender que reducir la jornada laboral a partir de septiembre. “No hay una intención per se (de reducir la jornada). Hay una discrepancia en cómo vemos las cosas. Es nuestra responsabilidad dejarle saber (al pueblo) que pudiese surgir esta circunstancia, que es lamentable, y los reconocemos”, manifestó Carrión.
La Junta ya ha solicitado al gobierno planes de contingencia por si hay que llevar a cabo la reducción de jornada laboral. Se reducirían 4 días al mes para la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva y 2 días al mes para maestros y personal de primera línea en instituciones que operan 24 horas al día. Además, se contempla eliminar el bono de Navidad de los empleados públicos y reduce 10% las pensiones de los retirados del Gobierno comenzando en el 2020.
La UPR es un servicio esencial
Carrión reconoció que los servicios que ofrece la Universidad de Puerto Rico, que recibió un recorte presupuestario de $164 millones, son servicios esenciales, pero aclaró que “el hecho de que sea un servicio esencial no significa que no haya recorte. Los servicios esenciales están recibiendo recorte”.
La UPR todavía no ha entregado su plan fiscal. Por otro lado, mencionó que están a punto de enviar al gobernador los nombres de posibles candidatos a oficial de revitalización; y aunque la Junta no tiene competencias para aprobar medidas de desarrollo económico, Carrión comentó que “aportaremos y ayudaremos al gobierno en la medida que podamos a adelantar temas de desarrollo económico”.
