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Arturo García Solá. Foto: Sin Comillas

Por redacción de Sin Comillas

“Promesa es un proyecto que nos merecemos porque no hicimos lo que deberíamos hacer”, comentó Rafael Cortés Dapena, presidente de la Fundación Angel Ramos, sobre la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). “Tenemos que tener una voz más activa sobre lo que pasa en este país”, añadió durante su participación como orador en la celebración de los 10 años del Programa Pro Bono de McConnell Valdés. 

Durante los pasados 10 años, McConnell Valdés ha contribuido con más de 10,600 horas en servicios legales gratuitos, que equivalen a más de $2 millones donados a unas 300 organizaciones sin fines de lucro en la isla como parte de su Programa Pro Bono. Cortés Dapena destacó los esfuerzos de la firma de abogados por ayudar a organizaciones sin fines de lucro. “Hay otro Puerto Rico que a veces no vemos desde Dorado o Hato Rey”, comentó.

Arturo García Solá, director general de McConnell Valdés, resaltó la participación y apoyo de los abogados de la firma al Programa Pro Bono durante los pasados 10 años.  Un 78% de los abogados han dedicado su tiempo al programa de forma consistente. Inclusive, el Programa ha evidenciado un aumento de 133% en horas trabajadas entre 2006 y 2016 para beneficio de las diversas organizaciones sin fines de lucro con las que se colabora.

“Nuestro grupo de profesionales ha dicho presente para donar de su tiempo y conocimiento al Programa Pro Bono.  Todos han servido voluntariamente, trabajando por el bien del interés público a través de las organizaciones atendidas”, comentó García Solá, que destacó que el Programa Pro Bono de la firma es el único programa de este tipo institucionalizado en Puerto Rico.

García Solá afirmó que “el Programa Pro Bono de McConnell Valdés va dirigido a ofrecer servicios gratuitos de asesoría legal a entidades sin fines de lucro que sirven a las comunidades más necesitadas. Estos servicios legales se enfocan en fortalecer la estructura y capacidad organizacional de las entidades”.

Antonio Escudero Viera, quien preside el Comité Pro Bono de la firma, bajo la tutela del cual se encuentra el Programa Pro Bono, señaló que el impacto del Programa va más allá de las 300 organizaciones que ha servido directamente. “Al rendir servicios legales gratuitos a una entidad sin fines de lucro, no solo fortalecemos la estructura organizacional de la institución sino que ese robustecimiento institucional redunda en servicios adicionales o nuevas iniciativas que tocan las vidas de las personas más necesitadas de nuestras comunidades”. La mayoría de las entidades beneficiadas son afiliadas a organizaciones como Fondos Unidos o recipientes de donativos de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico o de la Fundación Angel Ramos.