Por Elías Gutiérrez*
La irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas ha colocado en estado de insolvencia al gobierno del territorio. Puerto Rico ha perdido en el uso cotidiano hasta el título de “Estado Libre Asociado”. Ahora se le hace referencia meramente como “el territorio”.
El Congreso ha decidido intervenir al gobierno de Puerto Rico. Lo ha hecho ante un reclamo del Presidente de los EEUU. El Presidente encargó al Secretario de la Tesorería a que gestionara personalmente la intervención del Congreso.
La intervención del Congreso va dirigida fundamentalmente a viabilizar una reestructuración de la deuda pública amasada por el gobierno de Puerto Rico a través de los años. Para ello, el Congreso ha dotado a una junta de siete miembros nombrados por el Presidente con poderes amplísimos y extraordinarios. Ello alimenta las expectativas de aquellos que insistían en que se requería un poder libre de la influencia política interna para tomar decisiones necesarias pero rechazadas durante años por razones políticas.
Ahora bien, el Congreso ha actuado, pero se abstuvo de dotar al organismo que creó para realizar la intervención requerida, de los recursos mínimo-necesarios para intervenir exitosamente. La realidad política en los EEUU impidió que el Congreso destinara un centavo a lo que pudiera denominarse “un rescate” del gobierno del territorio. ¡Grave error!
La Junta (de control o supervisión, etc.) se confrontará más pronto que tarde con una realidad. La reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico no podrá realizarse en un vacío. Su éxito requiere financiación de corto plazo que no está disponible en el mercado de capital para Puerto Rico. Más importante aún, será necesario reestructurar el gobierno del territorio y su economía. La economía de Puerto Rico se ha achicado durante la pasada década en un 15 por ciento. Por lo tanto, independientemente de la nueva estructura de términos de su deuda, la expansión de la plataforma de producción es indispensable para dotar de viabilidad cualquier esfuerzo de reestructuración.
La Junta confrontará rápidamente dos requisitos ineludibles: 1) capital de corto plazo para sostener las operaciones básicas del gobierno; y 2) capital de largo plazo. Este último para financiar la inversión que permita dar impulso a la nueva estructura de producción y a la reconstrucción del acervo de capital dilapidado y obsoleto con que ahora cuentan los sectores público y privado de Puerto Rico.
A grosso modo, estimo que la Junta encontrará necesario contar con $1,000 millones de capital de corto plazo para operaciones y $5,000 millones de capital de más largo plazo para financiar la reestructuración del sector público. Estimo que la economía de Puerto Rico requiere $10,000 millones de inversión bruta anual, sostenida durante unos doce años (4 cuatrienios), para despegar y soltar las cadenas que la mantienen estancada. Sólo con ese gran empuje dirigido principalmente hacia la producción (no al consumo) habrá esperanzas de éxito.
Aún limitando el objetivo de reestructuración del sector público a una simple reducción en tamaño, será necesario contar con capital suficiente. Pensar que el proceso que confrontamos podrá realizarse sólo ordenando que ocurra, sería suponer que estamos viviendo en el país de las maravillas. Las leyes fundamentales de la física (y de la economía) establecen que es imposible esperar un “output” sin un “input”.
* El autor es economista y planificador
