Por Luisa García Pelatti

Los fondos asignados a Puerto Rico por el Congreso de Estados Unidos, bajo el Programa de Préstamos a Comunidades Afectadas por desastres (CDL, por las siglas del programa en inglés), no se desembolsarán hasta que el Gobierno de Puerto Rico deje claro que realmente lo necesita. De nuevo se trata de un problema de credibilidad.

El viernes, la Junta de Control Fiscal celebró una vista pública sobre los más de $6,000 millones depositados en 800 cuentas del gobierno descubiertos recientemente. Tras escuchar el testimonio de 11 funcionarios gubernamentales de la presente y pasada administración, la Junta indicó que necesita más información para poder contestar tres preguntas: 1) cuánto dinero hay, 2) si está restringido su uso y 3) dónde está. La Junta confirmó que pronto espera nombrar un equipo independiente para conducir un análisis forense y compilar un inventario abarcador de todas las cuentas bancarias del gobierno, equivalentes a efectivo, e inversiones junto con sus respectivos balances de cuenta.

La vista pública se llevó a cabo unos días después de que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) solicitara que los fondos del Programa de Préstamos a Comunidades Afectadas por desastres se desembolsen lo antes posible.

“No es cierto que el Tesoro Federal haya solicitado la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal en el manejo de los fondos de CDL. Las negociaciones siguen encaminadas para establecer los términos y condiciones para que se active el acceso a los préstamos federales”, dijo el miércoles Gerardo J. Portela Franco, director ejecutivo de AAFAF. Portela recibió esta carta del Departamento del Tesoro y FEMA el 9 de enero.

Sin embargo, José R. González, uno de los miembros de la Junta, comentó, tras finalizar la vista del viernes, que cree que “lo que el (Departamento del) Tesoro está requiriendo es que se establezca clara y contundentemente la necesidad de liquidez. Es una meta que todos compartimos”.

“Creo que cuando se conozca el análisis que está haciendo AAFAF se tendrá una idea clara de la necesidad de liquidez. Hay una serie de recursos que de su faz indican que hay más dinero de lo que se pensaba antes”, comentó González. Aunque en la presentación de AAFAF se indicó que ese dinero está comprometido, “la naturaleza de ese compromiso debe aclararse”. En la medida que esas restricciones sean autoimpuestas y no requeridas será necesario utilizar los fondos existentes antes de pedir dinero.

Sobre la necesidad de hacer dos análisis de liquidez, uno pagado por el Gobierno y otro por la Junta, el representante del Gobierno en la Junta, Christian Sobrino señaló que “no vamos a duplicar esfuerzos y recursos. Se coordinará de la mejor manera”.

La falta de información sobre liquidez se debe, según explicaron los funcionarios y ex funcionarios, a la falta de un sistema centralizado de contabilidad, a la ausencia de un verdadero proceso de transición y al cambio en el papel del Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

La descentralización les da autoridad a las agencias para tener su proprio sistema de computadoras. Mientras hubo dinero no se miraron los detalles. Nadie hizo un inventario de cuentas porque había suficiente dinero.

Para Melba Acosta, ex Secretaria de Hacienda y es presidenta del BGF, “era saludable tener al BGF como banco del Gobierno”. Pero puede haber solución. “Se puede encontrar una forma de restringir y conectar las cuentas para saber el efectivo que tiene el gobierno en cada momento”.