Balneario privado en el Hotel Caribe Hilton de San Juan. Crédito: Neidy Rosado
No se ha pronunciado sobre los casos y denuncias de privatización de costas
Gerardo E. Alvarado León | El Nuevo Día y Centro de Periodismo Investigativo
Pese a que los casos y denuncias de privatización de playas son abundantes, poco o nada ha hecho desde su creación hace 18 años la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas en Puerto Rico para intervenir y defender el derecho de acceso de los ciudadanos al principal recurso natural del País.
Esta peligrosa tendencia –y la responsabilidad de la Junta al respecto–, se agrava ahora que la Junta de Control Fiscal (JCF) podría imponer como política pública la venta o traspaso de áreas alto valor natural, incluyendo las playas, a fin de obtener dinero para pagar la deuda pública. Esta es una facultad que le confiere la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA).
Una investigación de El Nuevo Día y el Centro de Periodismo Investigativo encontró que, por los pasados 18 años, la Junta de Playas ha incumplido con el mandato de la ley que la creó para asegurar la conservación, el libre acceso, el desarrollo ordenado y la seguridad en las playas del país. Se constató que la Junta, adscrita al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), ha estado prácticamente inoperante, sin liderato y con un mísero presupuesto que, además, fue invertido parcialmente en gastos cuestionables, no relacionados a la protección de las costas.
Como organismo, la Junta no se ha pronunciado, por ejemplo, sobre la construcción del proyecto Christopher Columbus Landing Resort en Playuela, Aguadilla, que supone la privatización de las playas del área, según sus opositores. Tampoco hay constancia de una expresión oficial sobre las múltiples denuncias ciudadanas de falta de acceso a las playas de Isla Verde, en Carolina; y Ocean Park, en San Juan, entre otras.
La Junta tuvo tres reuniones el año pasado y el tema de la privatización de playas solo se discutió una vez, según consta en las minutas. El pasado 19 de mayo, Ruperto Chaparro, director del Programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y representante del sector académico en la Junta, llevó al pleno el caso de la Cueva del Indio, en Arecibo, cuyo acceso es eje de pugna.
El acceso más fácil a esta reserva natural es a través de una finca privada. Su dueño, el presidente de la empresa Pan American Grain, José González Freyre, cobra una tarifa de $5 a quienes quieran estacionarse allí. El acceso gratuito es por la playa, pero es casi imposible llegar por esa vía debido a las rocas y el oleaje.
En la reunión, la licenciada Mildred Sotomayor, de la División Legal del DRNA, indicó que se estaban evaluando posibles accesos y mecanismos legales para ponerle fin a la pugna. Dos de esos mecanismos son la expropiación o una servidumbre de conservación.
Se informó, además, que la reserva natural no cuenta con un plan de manejo, y que había uno en desarrollo.
El DRNA expresó su interés de que el acceso que finalmente se establezca pertenezca a la agencia y sea parte de la reserva natural Cueva del Indio, de forma que puedan fijarse las regulaciones que el área requiere.
Alberto Martí, oficial de Scuba Dogs Society y representante del sector privado en la Junta, le solicitó al DRNA que le presentara al organismo los resultados de su investigación y la información recopilada sobre la limitación de acceso a la Cueva del Indio; “cuál es la hoja de ruta y los próximos pasos a seguir”. Su intención era que la Junta se pronunciara formalmente sobre la controversia y presentara recomendaciones, pero nada de eso ha ocurrido.
“Lo que hay allí (Cueva del Indio) es una burla. Es una cosa ridícula y no puedo entender cómo una reserva natural de Puerto Rico no tiene acceso público. ¿Cómo es que hay que pagarle a un privado? Fui allí y me cobraron $5, tenían una escalera de madera amarrada con una soguita y la gente estaba encaramada en las piedras. ¡Eso no puede ser! Tenemos unas playas sin ningún tipo de manejo de los usuarios”, dijo Chaparro, al explicar su decisión de llevar al pleno de la Junta la controversia de la Cueva del Indio.
Pese a que las minutas confirman que el tema se discutió una sola vez el año pasado, el informe anual que la Junta sometió a la Legislatura el pasado 28 de febrero plantea el acceso a las playas fue uno de los “asuntos recurrentes” en sus reuniones.
El informe, incluso, destaca como “logro” de la Junta la preparación de un vídeo sobre la zona marítimo terrestre, donde se menciona que las playas son bienes de dominio público. El vídeo lo produjo el DRNA, con una subvención del Programa de Manejo de la Zona Costanera (PMZC) adscrito a la agencia. En otras palabras, no fue un logro de la Junta como tal, sino del DRNA.
Derecho constitucional
El acceso a las playas es un derecho cobijado en la Constitución de Puerto Rico. La Sección 19 del Artículo VI reconoce como política pública tanto la conservación de los recursos naturales, como su mayor desarrollo y aprovechamiento para el beneficio de la comunidad.
Esa política pública garantiza el libre acceso a las playas. Diversos estatutos aprobados antes y después de la Constitución lo reafirman. Es, por lo tanto, responsabilidad de la Junta asegurar su cumplimiento, según dispuesto en la Ley 293-1999.
En Puerto Rico, la única playa privada reconocida es la del hotel Caribe Hilton, en San Juan. El 1946 el Gobierno de Puerto Rico traspasó la playa del hotel a la Compañía de Fomento Industrial y esta a su vez le cedió los derechos de uso a Hilton Hotels Corporation ya que, aunque pertenecía a esa agencia pública, era operada por la famosa cadena hotelera. En 1998 el hotel fue privatizado por la administración del ex gobernador Pedro Rosselló y el acuerdo de compraventa traspasó a Hilton todas las parcelas, incluyendo 439 correspondiente a la playa, según consta en la escritura. La gerencia del Caribe Hilton no estuvo disponible para entrevista.
Pero la posibilidad de más privatización y venta de recursos naturales amenaza desde junio pasado, tras la aprobación de PROMESA.
Un ejemplo de lo que puede ocurrir en la Isla se dio en la ciudad de Detroit, Michigan, que en julio de 2013 se declaró insolvente. Entonces, se llegó a considerar la venta de la isla Belle, uno de sus principales atractivos turísticos, a fin de allegar ingresos que atajaran su deuda de más de $14,000 millones. Un comprador privado dijo estar dispuesto a pagar hasta $1,000 millones por la isla, que finalmente quedó en manos del estado de Michigan. Detroit salió de la quiebra en diciembre de 2014.
Pero aquí la JCF también puede designar como “críticos” proyectos energéticos o de infraestructura, cuya obtención de permisos y evaluación ambiental estarían sujetos a procesos expeditos, bajo la premisa de que su puesta en marcha redundaría en beneficio económico para la Isla.
Igualmente, la JCF tiene poder absoluto para derogar aquellas leyes, órdenes ejecutivas y reglamentos ambientales que entienda atentan contra el crecimiento económico. La Ley de Puertos de 1886, que dispone que la zona marítimo terrestre es de dominio nacional y uso público, y la Ley de Fomento Industrial de 1990, que ratifica la política pública de garantizar acceso público a las playas de la Isla, son solo dos de las que podrían derogarse.
La JCF tendría la última palabra respecto al presupuesto de las agencias ambientales, lo que pone en riesgo o bajo evaluación la permanencia de programas o iniciativas de protección, conservación y sustentabilidad.
PROMESA, a su vez, reconoce la autoridad del Gobierno sobre la Ley para el Plan de Uso de Terrenos de 2004. Eso significa, en teoría, que la JCF respetaría la autoridad de la Junta de Planificación (JP) para descalificar proyectos de desarrollo o de uso que incumplan con los parámetros del Plan.
Ante este panorama, el presidente de la organización conservacionista Para La Naturaleza, Fernando Lloveras, pidió estar atentos a las acciones de la JCF, recordando que, a nivel constitucional, todas las aguas son de dominio público. “No todas las jurisdicciones tienen ese tipo de conciencia, de que nadie es dueño del recurso. Y eso es importante a la luz de las privatizaciones que pudieran venir por ahí”, dijo.
El exsecretario del DRNA, Carlos Padín, indicó, por su parte, que la Junta de playas debería aprovechar la coyuntura para alcanzar uno de sus mandatos en ley: promover el desarrollo ordenado de instalaciones en la costa. “Algo que no se ha logrado en todos estos años es que se limiten considerablemente los usos de construcción cerca de las playas. Aunque el tema se ha discutido entre agencias, aún no se ha traducido en política pública ni reglamentación”, señaló.
Plan Maestro
En 2014, la firma Estudios Técnicos elaboró el “Plan Maestro de Acceso Público a las Costas de Puerto Rico”, que se esperaba le sirviera al DRNA como guía en su gestión de procurar el mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales costeros, incluyendo las playas. El trabajo también fue subvencionado por el Programa de Manejo de la Zona Costanera.
El documento identifica a la Junta como una de las instrumentalidades públicas con responsabilidades asociadas al acceso público a la costa. En esa lista también están el DRNA, la JP, la Oficina de Gerencia de Permisos y los 44 municipios costeros.
Como parte del trabajo, se desarrolló un inventario de áreas costeras para las que se evaluó su condición de accesibilidad. Fueron identificadas 369 áreas, de las que se obtuvo información para 354. De esas, se encontró que 143 eran accesibles, 171 tenían accesibilidad limitada y 40 eran inaccesibles.
Las “accesibles” fueron definidas como áreas costeras libres de obstáculos; las de “accesibilidad limitada” son aquellas en las que hay que pedir permiso a los dueños o cruzar solares o interrupciones para accederlas; y las “inaccesibles” requieren sobrepasar obstáculos naturales, legales o intereses particulares.
Pese al marco legal existente, que procura proteger y garantizar el libre acceso al litoral, se encontró que algunos factores que lo obstaculizan son el establecimiento de controles de acceso, la falta de infraestructura adecuada, congestión vehicular, grandes extensiones de terrenos privados, erosión costera, restricciones impuestas para la protección de recursos naturales o por la propia naturaleza, contaminación y acumulación de desperdicios sólidos, actividad delictiva, y conflictos entre usos y usuarios.
Se propuso un “Plan de Acción” para definir los límites de los terrenos de dominio público y los privados, subsanar brechas y complejidades institucionales, incorporar el tema de los accesos en la planificación costera, remover obstáculos, mejorar accesos existentes y utilizar la educación como instrumento para generar cambios.
Se recomendó que las entidades vinculadas al tema, “particularmente la Junta de Playas”, evaluaran las propuestas contenidas en el plan, priorizaran aquellas de mayor urgencia y gestionaran su implantación coordinada. Se recomendó, además, que el plan se evaluara cada dos años para “conocer el alcance” de las acciones propuestas, así como las razones que no permitan la ejecución de otras.
La Junta discutió o hizo referencia al “Plan Maestro” en varias de las cuatro reuniones que tuvo en 2014.
En la reunión del 11 de febrero de ese año, Roberto Varela, entonces director de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico y representante del sector privado en el organismo, cuestionó “si realmente queremos ampliar los accesos” a las playas, según la minuta.
Varela se cuestionó cuán positivo puede ser facilitar acceso a las playas, particularmente en aquellas que, por su valor ecológico o “lo inapropiado del lugar”, deberían ser restringidas. Varela falleció en el transcurso de esta investigación.
En la reunión del 22 de mayo de 2014, Chaparro insistió en que “cada vez son más las playas cuyo acceso está restringido por entes privados”, según la minuta.
El informe de la Junta del año pasado no da cuenta de que hayan tomado alguna de las acciones recomendadas, incluyendo la revisión del “Plan Maestro”. Solo se hace mención a que, para 2017, se proyecta retomar la división de la Junta en grupos de trabajo “para dirigir la atención a los asuntos medulares, de forma que puedan llevarse a cabo acciones concretas que atiendan las necesidades de nuestras playas y usuarios”. Los cuatro grupos serían seguridad acuática, manejo de residuos sólidos, educación y comunicaciones, y planificación y reglamentación.
Chaparro indicó que por la falta de asignación de presupuesto la Junta ni siquiera se ha podido abrir los accesos públicos que personas han cerrado con portones.
“¡Ni eso se ha podido hacer! Hay portones en playas de Ocean Park y Rincón, por decir algunas. No se toma acción, pese a que en la Junta hay nueve agencias adicionales al DRNA”, concluyó.
La serie investigativa “Junta de Playas a la deriva” es resultado de una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y El Nuevo Día, mediante la beca de periodismo ambiental otorgada por Para la Naturaleza. Vea la serie completa con sus gráficos e interactivos en periodismoinvestigativo.com y endi.com.
