Por redacción de Sin Comillas

Incluso si la Junta de Control Fiscal logra reestructurar la deuda pública, Puerto Rico se enfrenta a dificultades económicas “abrumadoras”, asegura Moody’s Investors Service en un informe publicado el jueves.

A menos que se logre que la economía empiece a crecer, la estabilidad de Puerto Rico dependerá de que el gobierno federal reemplace los fondos de Medicaid que vencen después de 2019. El aumento de los costes de Medicaid es el mayor desafío al que se enfrenta el Gobierno, dice Moody’s.

La agencia clasificadora de deuda advierte que la reestructuración de la deuda no impedirá los déficits presupuestarios a partir del año 2021 y no cambiará la clasificación de los bonos del Gobierno, que con una nota de Ca, con perspectiva negativa, se consideran bonos basura.

“La economía de Puerto Rico se está recuperando después de años de recesión”, dice Genevieve Nolan, analista senior de Moody’s. “Pero los recientes crecimientos son, en gran parte, atribuibles al gasto federal de recuperación de huracanes, y serán solo temporales ya que esa ayuda disminuye y las débiles perspectivas laborales continúan moviendo a los residentes hacia otros lugares”.

Según Moody’s, ante la ausencia de crecimiento económico, Puerto Rico sólo tiene dos opciones:  lograr que se aumenten los fondos federales de Medicaid e implementar las reformas que pide la Junta de Control Fiscal. Sin esos cambios, “el perfil crediticio del Gobierno probablemente seguirá siendo de grado profundamente especulativo, independientemente del nivel de reestructuración de la deuda”.

La ley federal eliminará de forma gradual de los fondos suplementarios de Medicaid a partir de 2020 y la transferencia de casi $2,000 millones de costos anuales a Puerto Rico dentro de dos años. Moody’s considera que los fondos federales de Medicaid que se han asignado a Puerto Rico han sido más bajos y menos predecible que el financiamiento para los 50 estados. “Si el apoyo a los estados fuera más equitativo, Puerto Rico podría ganar casi $1,500 millones al año”, señala el informe.

Por otro lado, las reformas propuestas por la Junta de Control Fiscal han tenido dificultades para ser implantadas. Las reformas incluyen reducir obstáculos para la creación y la operación de las empresas, estabilizar los costes de energía, consolidar agencias, frenar los gastos de atención médica, reducir los beneficios de pensiones y mejorar el cumplimiento tributario.

El Gobierno de Puerto Rico, que tenía una deuda de alrededor de $70,000 millones, ha logrado reestructurar $22,000 millones en bonos ($18,000 millones de COFINA y $4,000 millones del BGF) y ha llegado a un acuerdo para reestructurar $9,000 millones de bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). A finales de septiembre la Junta de Control Fiscal radicó en el Tribunal de Título III un Plan de Ajuste para reestructurar $35,000 en bonos de obligación general, acreencias contra el territorio por cláusulas de retención (“clawbacks”), bonos de la Autoridad de Edificios Públicos, bonos del Sistema de Retiro de Empleados Públicos, $50,000 millones de las deudas de pensiones, y otras acreencias generales no aseguradas del Gobierno Central, Edificios Públicos y el Sistema de Retiro.