Moodys

Por Luisa García Pelatti

Moody’s Investors Service publicó un informe para clarar las dudas de los inversionistas sobre la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Algunas de las preguntas planteadas son: ¿Promesa abre la puerta para que se produzcan rescates (“bailouts”) de estados y gobiernos locales en problemas? ¿La nueva ley cambia la perspectiva sobre la seguridad de la deuda? ¿Promesa ofrece un mejor tratamiento de las pensiones sobre la deuda? y ¿Promesa obligará al Congreso de Estados Unidos a considerar una legislación similar para los estados? La respuesta a estas cuatro preguntas es no, pero hay matices.

Los analistas de Moody’s no creen que la ley sea precursora de un rescate federal para otros estados en problemas porque la ley no ofrece fondos a Puerto Rico. Algo que algunos analistas no terminan de entender. La ley crea un grupo de trabajo en el Congreso de Estados Unidos que podría recomendar cambios en leyes y programas federales que podrían impulsar el crecimiento económico. Esas recomendaciones podrían llegar a traducirse en fondos federales adicionales bajo programas existentes o nuevos.

Por otro lado, Moody’s explica que la ley no altera su visión sobre los aspectos que determinan la fortaleza crediticia. El hecho de que se haya aprobado Promesa no significa que el gobierno de Puerto Rico haya violado las prioridades de las diferentes deudas establecidas en la Constitución.

Promesa no da instrucciones a la Junta de Control Fiscal sobre cómo manejar la deuda a los pensionados y si se le debe dar prioridad sobre otras deudas. Pero Moody’s considera que si se le diera prioridad a las pensiones se crearía un precedente que tendría amplias implicaciones negativas para la calidad del crédito de otros gobierno estatales y locales.

La agencia crediticia no cree que el gobierno federal considere una legislación como Promesa para los estados porque iría en contra de los principios constitucionales y porque, a diferencia de Puerto Rico, los estados tienen poderes para hacer frente a las crisis fiscales. Pero la ley sí podría crear juntas de control fiscal, si se necesita, en territorios como las Islas Vírgenes, Guam, American Samoa y las Islas Marianas.

  • Historia en desarrollo. Se ampliará