Moody’s Investors Service puso hoy en alerta negativa $28,000 millones de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, debido a la debilidad del Sistema de Retiro del Empleados del Gobierno y su efecto sobre el presupuesto. Moody’s contempla volver a revisar el crédito en un plazo de 90 días y entonces podría decidir degradar la deuda si Puerto Rico no presenta un plan para atender la situación financiera de los Sistemas de Retiro y si no se mantiene la disciplina fiscal y presupuestaria. La clasificación actual de Moody’s para las Obligaciones Generales es A3. (Vea el informe de MOODYS)

Moody’s ya había revisado la perspectiva de la deuda de estable a negativa el 10 de agosto del año pasado, apuntando a los problemas de liquidez del Sistema de Retiro, que podría quedarse sin activos en el 2019, aunque un estudio comisionado por el Gobierno dice que será antes, en el 2014.

“Esto no es nuevo. Lo anticipamos en agosto pasado cuando anunciamos que Moody’s le había asignado una perspectiva “negativa” a la clasificación de las Obligaciones Generales por el asunto bien específico de la situación financiera de los planes de retiro. No hay que olvidar que en abril del año pasado la misma Moody’s nos sube la nota por tres escalafones, indicando que habíamos tomado las medidas correctivas que hacían falta. Pero luego nos recuerda en agosto que, específicamente por la situación financiera de los Sistemas de Retiro probablemente nos pudieran bajar la nota un poco más adelante. No nos han bajado la nota todavía, pero nos están advirtiendo claramente que lo pudieran hacer en los próximos tres meses si no tomamos las medidas correctas”, explicó Juan Carlos Batlle, presidente del Banco Gubernamental de Fomento, una de las entidades con clasificación A3 que podría verse afectadas con la degradación. El BGF tiene pendiente una emisión de $500 millones para el 11 de mayo.

“Esperamos concluir nuestra evaluación en 90 días. Durante ese tiempo, evaluaremos las propuestas recientemente anunciadas por el Gobernador para atender el déficit actuarial de los Sistemas de Retiro, la medida en que dichas propuestas alivien la presión que dicho déficit actuarial le ha puesto a largo plazo al presupuesto general, y el costo a largo plazo de las soluciones. Además, evaluaremos el presupuesto presentado (para el año fiscal 2011-12) para determinar si en efecto posiciona a Puerto Rico más cerca de lograr eliminar el déficit completamente y evaluaremos si las proyecciones de ingresos y gastos en dicho presupuesto son razonables”, señala el informe de Moody’s.

Recientemente la Administración de los Sistemas de Retiro presentó un proyecto de ley para inyectar $162.5 millones en capital, que al cabo de 40 años se convertirá en $1,200 millones para ayudar a solventar el déficit de los Sistemas de Retiro. Además, próximamente se presentará legislación para aumentar la aportación patronal a los Sistemas de Retiro como mecanismo para mejorar la su situación financiera.

Ayer, Héctor Mayol Kauffmann, Administrador de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura, señaló que el presupuesto recomendado contempla un alza de 1% en las aportaciones del Gobierno y una inversión en un “cero cupón” para alargar la vida del sistema. Según Moody’s, existe el riesgo de que las medidas para mejorar el Sistema de Retiro podrían una tensión sobre el presupuesto que no sería compatible con la clasificación de A3.

La deuda vigente en Obligaciones Generales de Puerto Rico es de $9,200 millones. La alerta negativa que emitió Moody’s afecta a una deuda combinada de $28,000 millones.

El 7 de marzo de este año, Standard & Poor’s (S&P) mejoró la clasificación de las obligaciones generales del Gobierno de BBB- a BBB. La mejor clasificación se debe al comportamiento reciente de los recaudos y a los esfuerzos para lograr un balance fiscal y presupuestario, había comentado en su momento Horacio Aldrete, analista de S&P. El Gobierno destacó en ese momento que era la primera vez en 28 años que S&P mejora la clasificación de la deuda del Gobierno.

En enero, Fitch Ratings, otra agencia clasificadora de deuda, le asignó una clasificación BBB+, con perspectiva estable.

Moody’s parece tratar de uniformar clasificaciones con las otras agencias clasificadoras de deudas. La nota A3 de Moody’s es más alta que la de BBB que le otorga S&P y la nota de BBB+ que le asigna Fitch Ratings. Las dos agencias le han dado una perspectiva estable.

La crisis en Retiro

Con un déficit actuarial de más de $17,000 millones, Retiro podría quedarse sin dinero para pagar las pensiones en el 2014, según un estudio actuarial realizado el año pasado por la firma Conway Mckenzie.

En el mes de octubre del año pasado, la administrador de los Sistemas de Retiro del Gobierno y la Judicatura (Retiro), Héctor Mayol Kauffmann, refirió al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental, a la Oficina del Contralor y a las comisiones de Cámara y Senado, los hallazgos del informe que analiza y fija responsabilidades de las decisiones que han causado la crisis financiera de los Sistemas de Retiro del Gobierno.

El estudio concluyó que dos décadas sin aumento en las aportaciones de los patronos (agencias, municipios y corporaciones públicas), malas decisiones en el manejo de préstamos y aumento indiscriminado en los beneficios a los pensionados  han llevado a la agencia al precipicio. Las aportaciones de los patronos que se reciben todos los meses (unos $780 millones) no son suficiente para pagar las pensiones que se elevan a más de $1,000 millones.

Asimismo, Retiro administra una serie de leyes especiales con cargas adicionales, aprobadas por razones políticas sin un análisis de sus efectos. Por ejemplo, se legisló para que los pensionados recibieran un bono de Navidad ($600), otro en febrero ($100) y un tercero en verano. Además de la aprobación de nuevos beneficios, las demoras de las agencias del gobierno, corporaciones públicas y municipios en pagar las aportaciones correspondientes a sus empleados, han afectado seriamente las finanzas del sistema. Las múltiples ventanas de retiro temprano aprobadas sin aportar la contribución patronal necesaria también han afectado las finanzas.

El informe destaca que la decisión del Gobierno, en 2007, de aumentar el límite de los préstamos personales que pueden solicitar los beneficiarios de $5,000 a $15,000 “puso en jaque la salud financiera del sistema”. Esa decisión le costó a Retiro $600 millones. Finalmente, entre 2007 y 2008, Retiró tomó “una decisión arriesgada”: hacer una emisión de $3,000 millones en bonos de obligaciones de pensión con el fin de mejorar la situación del sistema. El informe califica esta decisión como “una estrategia arriesgada, mal concebida y especulativa”, que resultaron en un empeoramiento de la situación financiera de Retiro.

El informe concluye que la Junta de Directores de Retiro y del Banco Gubernamental de Fomento no analizaron ni entendieron a cabalidad las repercusiones y el riesgo de la transacción. En febrero del año pasado, el Gobernador, Luis Fortuño, nombró una Comisión Especial para desarrollar un plan para reformar el Sistema de Retiro del Gobierno. Las recomendaciones no se han hecho públicas.

La Administración de los Sistemas de Retiro administra el Sistema de Retiro de Empleados Públicos y el Sistema de Retiro de la Judicatura. Cuenta con 160,053 participantes activos y 104,971 retirados y beneficiarios.