Por redacción de Sin Comillas

Moody’s Investors Service degradó la clasificación de los bonos de Obligaciones Generales (GO’s, por sus siglas en inglés, unos $18,100 millones) de Caa3 a Ca debido a los efectos del paso del huracán María.

La perspectiva de todas las deudas afectadas, que totalizan $31,000 millones, sigue siendo negativa.

La agencia clasificadora de deuda coloca la deuda pública en la penúltima categoría posible (la mínima es “C”), que considera que la deuda es altamente especulativa y cercana al incumplimiento de pagos, aunque con alguna posibilidad de recuperar el principal y el interés.

Moody’s explica que la degradación se debe a que consideran que a raíz del paso del huracán se verá afectada se reducirá la capacidad de pago del servicio de la deuda.

“Puerto Rico se enfrenta a una interrupción, casi total en el corto plazo, de la actividad económica económica y de la recaudación de ingresos. La producción disminuirá probablemente hasta el final del año fiscal actual y tal vez en el próximo. La trayectoria más débil va a socavar la capacidad del gobierno para pagar su deuda”.

Se anticipan resultados mixtos. Por un lado, Moody’s anticipa un éxodo masivo de residentes “lo que podría erosionar aún más la base económica de Puerto Rico”.

Por otro lado, la llegada de fondos federales podría estimular el crecimiento económico y mejorar la infraestructura. “No obstante, vemos el impacto económico global como un aspecto negativo sustancial que ha debilitado la capacidad del gobierno para pagar a los acreedores”.

También se vieron afectadas las clasificaciones de los bonos de Cofina (la Corporación del Fondo de Interés Apremiante), unos $7,600 millones, y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), unos $3,300 millones, que se degradaron de Caa3 a Ca. La clasificación de la Universidad de Puerto Rico bajó de Ca a C (la mínima posible), unos $500 millones.

Otras deudas afectadas son la deuda de la Compañía de Fomento Industrial (unos $200 millones); la Autoridad de Financiamiento Municipal ($600 millones) y la Autoridad de Carreteras y Transportación ($800 millones). Estas recibieron una degradación de Ca a C.