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Por redacción de Sin Comillas
Los tenedores de bonos de Obligaciones Generales (GO’s, por sus siglas en inglés) dicen que la Junta de Control Fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló no han actuado de buena fe ni sobre las obligaciones legales con los bonistas ni sobre la transparencia de la información financiera.
La información la ofreció George Pataki, ex gobernador de Nueva York y asesor del Grupo Ad Hoc de tenedores de bonos de GO’s, que dio a conocer un documento titulado Memorando para Encargados de Formular Políticas sobre Puerto Rico.
Entre otras cosas, los acreedores consideran que el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal viola la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) porque aumenta los gastos del gobierno por encima del servicio de la deuda y no respeta la prioridad de los pagos.
Los bonistas culpan a la Junta de haber obstruido la posibilidad de alcanzar un acuerdo consensual y han presionado al gobierno para presentar una imagen engañosa de la situación financiera.
“El presupuesto del año fiscal 2018 incluye incrementos interanuales del gasto público de $575 millones; un hecho que el gobierno intenta opacar reclasificando ciertos gastos como ‘fuera del presupuesto’, incluidos dos grandes fondos para fines ilícitos (el ‘ajuste de reconciliación’ de $545 millones y la ‘reserva presupuestaria’ de $305 millones”.
Por otro lado, los bonistas indican que la Junta “insiste en proyectar una disminución en los ingresos del gobierno y una contracción en el Producto Nacional Bruto (PNB) de la Isla, a pesar de información contradictoria.
Los ingresos de Puerto Rico han subido, impulsados por una sólida actividad del consumidor. “Tanto el cobro de impuestos como el PNB nominal se encuentran en uno de sus niveles más altos de la historia”, y opinan que la Junta de Control fiscal utiliza “estas proyecciones engañosas” para alegar que solo tiene capacidad para pagar $400 millones de deuda.
“En realidad, antes de los pagos de las pensiones, el gobierno tiene un superávit primario de $3,000 millones para el año fiscal 2018. También tiene $1,000 millones menos en cuentas por pagar –repartidas en varios años– que lo pronosticado anteriormente por el Plan Fiscal”, señala el memorando.
