Por redacción de Sin Comillas

El juez federal Francisco A. Besosa permitió a los tenedores de bonos de Obligaciones Generales (GO’s por sus siglas en inglés) continuar con la demanda (presentada el 8 de octubre de 2016) en la que argumentan que el Gobierno rehusa pagarles la deuda mientras que sigue pagando la deuda de los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). La demanda enfrenta a bonistas: Go’s contra Cofina.

La decisión, que se dio a conocer el viernes por la noche, deniega la petición del Gobierno para paralizar la demanda y permite a los bonistas continuar con la demanda a pesar de que la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), aprobada el año pasado, paraliza las demandas de pago de los acreedores.

El juez explica que esta demanda es una excepción a Promesa porque no va dirigida a confiscar propiedad del Gobierno o reclamar el pago de la deuda.

Los demandantes, Lex Claims, Jacana Holdings, MPR Investors, ROLSG, RRW y  SL Puerto Rico Fund, cuestionan la estructura legal de Cofina y reclaman que la Constitución de Puerto Rico le da prioridad al pago de las Obligaciones Generales sobre cualquier otro gasto.

Cofina se nutre de los recaudo del IVU, que impone una tasa de 11.5% sobre las ventas. Del total de recaudos del IVU, 6.0% ingresan directamente a COFINA, 4.5% al Fondo General y 1% a los municipios.

¿Debe el Gobierno y la Junta de Control Fiscal tomar cartas en el asunto?

El abogado John E. Mudd cree que sí. Opina que no es posible hacer una reestructuración voluntaria de la deuda si no se resuelve el problema porque los tenedores de bonos GO’s reclamarán que la Constitución le otorga prioridad en el pago de la deuda.

Una decisión rápida resolvería el problema, dice Mudd. Pero si la deuda de Cofina es declarada ilegal, los bonistas perderían el derecho a recibir los ingresos del IVU y si se llegara a utilizar el Título III de Promesa sería un acreedor no garantizado y el tribunal podría “reducir su deuda a casi cero”.

Los cerca de $70,00 millones de deuda pública, incluyen $13,000 millones en deuda de GO’s y cerca de $15,200 millones de deuda de Cofina. Desde que se declaró la moratoria en el pago de la deuda el 30 de junio de 2016, los únicos que han cobrado han sido los bonistas de Cofina.

Decisión