Por redacción de Sin Comillas

La organización Transparencia en las Finanzas Gubernamentales hizo un llamado al gobierno para que no haga el próximo pago a la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), que vence en febrero y que asciende a $350 millones.

Iván Rivera, portavoz del grupo, explicó que con ese dinero se podría evitar el cierre del gobierno. La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) provee mecanismo para atender los servicios esenciales.

A pesar de que se ha decretado un moratoria, los pagos de la deuda de Cofina no han dejado de hacerse. Y el año pasado se pagaron por ese concepto casi $1,000 millones, a pesar de que se retenían pagos a suplidores y reintegros a contribuyentes.

“Llama la atención y salta la suspicacia. El gobernador actual tiene una magnífica oportunidad de evitar cometer ese mismo error, evitar el pago de febrero y que entrar en negociaciones”, señala Rivera.

El grupo considera que Cofina es un “embeleco jurídico” que permitió tomar prestado $7,000 millones en el 2006, ignorando que la deuda no podía superar un nivel máximo impuesto por la Constitución.

“Cofina es ilegal. Es un esquema elaborado por varios abogados con la intención de darle la vuelta a esa prerrogativa”, opina Rivera. Con la intención de evadir el margen prestatario.

Desde 2006 se han pagado alrededor de $55,000 millones. “Y podemos terminar pagado $100,000”, advierte Rivera.

“Si algo criticamos en diciembre del gobierno saliente es que mientras se nos decía que no eran suficientes los ingresos, a pesar de que casi se duplicó el IVU (Impuesto sobre Ventas y Uso), se pagaron $680 millones a Cofina”.

Rivera considera que hay jurisprudencia que respaldada no hacer el pago de esa deuda. En tiempo de crisis y de emergencia extrema, en aras de preservar el bien común, el gobierno puede limitar los derechos contractuales. “El gobernador Rosselló no debe cometer los mismos errores que cometió el ex gobernador Alejandro García Padilla”.

“No hay claridad de cómo esta manejado los asuntos fiscales. Como ciudadanos no tenemos idea de cuánto está ingresando y cómo se hace la toma de decisiones”, dijo el portavoz de la organización en la que participan abogados, contadores, economistas y empleados públicos.