Fuente: Moción de National Public Finance Guarantee Corporation.

Los fondos de cobertura adquirieron grandes cantidades de unos bonos que unos meses antes decían que no tenían valor y eran inconstitucionales

Por Luisa García Pelatti

National Public Finance Guarantee Corp., una de las aseguradoras de bonos de Puerto Rico, presentó una moción en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico solicitando una investigación independiente para saber si se violaron las órdenes del Tribunal cuando los tenedores de deuda de Puerto Rico compraron o vendieron bonos mientras negociaban con la Junta de Control Fiscal la reestructuración de la deuda. Quiere saber si estas transacciones constituyen “inside trading”. Es decir, ¿están permitidas estas transacciones cuando las partes cuentan con información privilegiada?

National Public Finance Guarantee Corp. alega que durante 2019 y 2020, y mientras se mantenían negociaciones confidenciales, algunos fondos de cobertura (“hedge funds”) habrían realizado transacciones “inapropiadas” que le habrían supuesto ganancias significativas. Entre enero de 2019 y junio de 2020, los fondos de cobertura pasaron de tener $5,000 millones en bonos a $7,700 millones.

“Esa conducta habría socavado materialmente e impactado negativamente la negociación” para alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda, señala la aseguradora. Estas transacciones, asegura, plantean preocupaciones en cuanto a la legitimidad de los intereses económicos y el uso indebido de la información obtenida durante la negociación. Cualquier acuerdo en estas condiciones, señalan, sería “injusto” y no debería ser confirmado por el Tribunal.

El 30 de septiembre, la Junta de Control Fiscal divulgó información sobre las negociaciones con los acreedores, con los que ha intercambiado propuestas y contra-propuestas, sin que se hayan llegado a un acuerdo. De todas formas no esperan que se anuncie ningún acuerdo durante algunos meses, señala la moción, debido a las elecciones y a las vacantes en la Junta.

En la propuesta inicial de reestructuración se había otorgado una cantidad mínima de recuperación a los Bonos de Obligación General (GO’s, por sus siglas en inglés) emitidos entre 2012 y 2014 (“Late Vintage”), debido a que se habrían emitido excediendo el límite de deuda establecido por la Constitución. Seis meses después, la nueva propuesta otorgaba a los tenedores de esos bonos una recuperación de casi el doble. Mientras se negociaba, algunos fondos de cobertura –que habían cuestionado la validez de los bonos “Late Vintage”– intercambiaron grandes cantidades de esos bonos.

De la moción se desprende también la existencia de filtraciones de las negociaciones a publicaciones (Reorg Research, Bond Buyer y Wall Street Journal), que el tribunal criticó en su momento porque violaban la orden de confidencialidad; pero que lograron impulsar el precio los bonos “Late Vintage”. El 5 de febrero de 2020, Wall Street Journal publicó que la Junta había alcanzado un acuerdo con algunos acreedores. El precio de esos bonos aumentó a 76 centavos, en comparación con 65 centavos un mes antes o 53 centavos seis meses antes.

National Public Finance Guarantee Corp. es la aseguradora de $3,600 millones en bonos GO’s.