Por Roberto Orro*

Contrariamente a lo que suele creerse, una población de personas mayores en continuo crecimiento no es una carga económica, ni un problema para Puerto Rico.  Es precisamente todo lo contrario: los envejecientes son quizás el soporte más importante de la economía local en medio de tantas penurias económicas.

La población de retirados, envejecientes y veteranos es la que mantiene a los más jóvenes y no a la inversa.  Es una bendición para la economía que haya envejecientes que reciben beneficios e ingresos del gobierno federal. Mientras que los trabajadores más jóvenes tienen que luchar por empleos inexistentes, los envejecientes les dan trabajo a los negocios existentes.  Sin envejecientes los hospitales y muchos proveedores de salud quebrarían, los centros comerciales y restaurantes – sobre todo los más caros- se vaciarían y los bancos recibirían una nueva sacudida.  El impacto negativo se propagaría a cada rincón y sector de la economía de la Isla.

Las estadísticas son contundentes en cuanto a la aportación de los envejecientes a la economía.  Las asignaciones conjuntas de Medicare a Puerto Rico en fiscal 2016 totalizaron sobre $4,500 millones más del doble de la cifra del 2007.  Los beneficios del Seguro Social, por su parte, superaron los $7,800 millones en 2016, muy superior a los $5,800 que se recibieron en 2007.  A todo esto hay que sumarle los más $1,000 millones que Veteranos está inyectando a la economía local anualmente.   En su conjunto, son más de $13,000 millones, suma que representa casi cuatro veces el total de salarios y beneficios que reciben al año las personas empleadas en la manufactura.   Tampoco se puede pasar por alto que muchos jubilados disfrutan de planes de pensiones privados y rentas originados en periodos de bonanza económica.

Este formidable flujo de recursos compensa en gran medida la falta de grandes exportadores en el sector empresarial local.   Al ser receptores de fondos federales, y por consiguiente generar flujos de dinero desde el exterior, los envejecientes actúan en conjunto como una gran empresa exportadora.  Por el contrario, los jóvenes y adultos, muchos de los cuales dependen directa o indirectamente de los presupuestos de gobierno a nivel estatal y municipal, contribuyen a generar desequilibrios macroeconómicos.  Como escasean las fuentes de trabajo realmente productivos, el gobierno se ve presionado a endeudarse e incurrir en déficit fiscales para ofrecer empleos.

Es difícil aceptar que un país esté mejor mientras la proporción de personas de avanzada edad y de jubilados aumenta, pero así es la realidad de la economía de Puerto Rico, que no funciona a base de lo que produce sino básicamente de lo que recibe y distribuye.  El grueso del sector exportador de Puerto Rico no está en sus empresas locales sino en Washington DC, que es la fuente de las asignaciones federales que aceitan el consumo, el comercio y los servicios en la Isla.

Siguiendo esta lógica, hay que concluir que de nada sirve tener cientos de miles de personas empleadas en actividades con poca o nula productividad, que por décadas se mantuvieron gracias a una ventana de emisión de deuda pública que ya se cerró. De nada sirve tener más jóvenes y adultos en Puerto Rico si no se abren nuevas fuentes de empleo en el sector privado y queda un gobierno quebrado como el único paliativo a la falta de empleos. De hecho, el envejecimiento poblacional, con la consiguiente jubilación de empleados públicos, se ha convertido, imperceptiblemente, en un factor de alivio para las finanzas públicas de Puerto Rico al permitir que se liberen todos los años miles de puestos públicos que la economía local no puede seguir sosteniendo.

El plan de salud del gobierno de Puerto Rico es otro de los beneficiarios de la dinámica demográfica de la Isla.   Se menciona la emigración y los criterios más estrictos de selección como las causas principales de la reducción del número de beneficiarios de Mi Salud, pero se olvidan los miles de individuos que cada año pasan al Medicare y ayudan a reducir la asfixiante presión sobre el plan gubernamental de salud.

De todo lo anterior se desprende una interesante lectura: un súbito aumento del número de beneficiarios del Medicare, Seguro Social y Veteranos en Puerto Rico le daría un fuerte impulso a la economía local.  Si Puerto Rico lograse desarrollar proyectos para atraer y atender a retirados y veteranos de Estados Unidos, su situación económica y financiera mejoraría considerablemente.   Cabe recordar que la Administración de Veteranos es de las pocas ramas del gobierno federal favorecidas en la presente administración de Trump.  La política pública y los planes de desarrollo de Puerto Rico deberían considerar estas opciones.

  • El autor es economista y consultor independiente