Por Luisa García Pelatti
La reforma contributiva federal (Tax Cuts and Jobs Act of 2017) obligará al gobierno a cambiar la estrategia de promoción. Los principales efectos se sentirán en el 2019 en la manufactura –principalmente en las empresas farmacéuticas y de equipo médico– que ya ha perdido 33,000 empleos desde el 2006 y que verá cómo esa tendencia se acelera. También provocará una caída en los ingresos del Gobierno debido a que un tercio de los recaudos que se reciben son por concepto de la Ley 154 (un arbitrio a las “Controlled Foreign Corporation”), según estima la firma Estudios Técnicos, Inc.
La medida reduce la tasa contributiva de las corporaciones que operan en Estados Unidos y aumenta los impuestos de las que operan fuera. Para efectos contributivos, Puerto Rico es una jurisdicción extranjera. Además, impone una tasa de 12.5% sobre la propiedad intelectual de compañías farmacéuticas, de tecnología y equipo médico.
Los impactos de la medida se verán en tres aspectos:
- las consecuencias directas del 12.5% en las CFC (“Controlled Foreign Corporation”),
- el efecto indirecto de bajar la tasa corporativa en Estados Unidos, y
- los impactos potenciales que provocarán la reducción en las asignaciones federales a los programas sociales.
El resultado será una erosión gradual en el número compañías manufactureras que operan en Puerto Rico. Pero también significará que las nuevas promociones industriales tendrán que ser muy diferentes en términos del tipo de industrias que se busca, apunta José J. Villamil, presidente de la Junta de Directores de la firma de consultoría.
“Como Puerto Rico es una jurisdicción fiscal extranjera, las CFC en Puerto Rico estarán sujetas a esa tasa. Dado que la mayor parte de su producción depende de patentes derivadas de actividades de investigación y desarrollo en Estados Unidos, y la mayor parte de su producción se exporta a Estados Unidos, el 12.5% casi se puede considerar un impuesto sobre ingresos. Esto probablemente no provoque un éxodo masivo e inmediato de las compañías de Puerto Rico, pero tendrá un impacto en las futuras promociones y generará una lenta erosión en la presencia de empresas, similar a lo que sucedió cuando se derogó la Sección 936, quizás más rápido, ya que en este caso no hay una transición de 10 años”, señala Villamil. La manufactura genera el 42% de los empleos en la economía de Puerto Rico.
En los análisis que se han hecho de la ley de reforma contributiva federal, con frecuencia, se pasa por alto el hecho de que para las CFC que operan en Puerto Rico los cambios significan un aumento en los impuestos que pagan mientras que en Estados Unidos estas mismas firmas reciben una reducción contributiva.
“Un análisis, tal vez demasiado simplificado, indica que la brecha entre la tasa impositiva efectiva previa a la legislación, 16.8%, y la tasa impositiva efectiva en Puerto Rico de 4.0% más el arbitrio de la Ley 154, era suficiente para hacer de Puerto Rico un lugar de inversión atractivo y compensar el factor de riesgo asociado a la inversión en la isla. En la nueva situación, esto ya no es cierto. La brecha se ha reducido significativamente y el factor de riesgo se ha convertido en una gran preocupación”, explica Villamil.
El hecho de que la inversión en investigación y desarrollo pueda recuperarse en cinco años para las empresas localizadas en Estados Unidos y tarden en recuperarse 15 años en Puerto Rico será un desincentivo para Puerto Rico.
Una consecuencia indirecta de la reforma fiscal federal será la reducción de las asignaciones a una serie de programas federales, incluidos, los relacionados con los servicios de salud. Esto provocará presiones adicionales en los gobiernos estatales y locales. En el caso de Puerto Rico, las consecuencias serán más serias, advierte.
Estudios Técnicos, Inc. prevé que los esfuerzos de reconstrucción tras los huracanes generarán actividad económica y proyecta un crecimiento de la economía en los años fiscales 2018 y 2019, pero luego la economía volverá a contraerse, como lleva haciendo desde hace más de una década. “Es entonces cuando los impactos de la reforma fiscal federal se convertirán en un factor determinante en las perspectivas reales de crecimiento de la economía de Puerto Rico”.
