Por redacción de Sin Comillas
Varias organizaciones denunciaron las implicaciones y efectos para los puertorriqueño de los acuerdos que la Junta de Control Fiscal está negociando con los acreedores del gobierno. Los señalamientos incluyen encubrimiento de violaciones de ley, conflicto de intereses, ganancias desmedidas de especuladores financieros y mayores cargas económicas para el pueblo a largo plazo.
“Es importante que el País sepa que en estos acuerdos se pretende, en particular con el de los bonistas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el encubrimiento de muchas de las personas responsables de esta deuda. El proceso de restructuración con los acreedores del BGF, desde el artículo 702 de la Ley 109 del 2017 y ahora los acuerdos con los bonistas contiene amplios relevos de responsabilidad de funcionarios, bufetes legales y banqueros involucrados en la creación de toda la deuda del país. Esto promueve la impunidad, porque prohíbe la presentación de reclamaciones judiciales civiles y criminales por la responsabilidad de estas personas en nuestra crisis financiera. Desde el BGF se orquestó toda la deuda pública del país, también era el principal responsable de supervisar las emisiones de bonos de las demás corporaciones públicas y de los Sistemas de Retiro. Aquí no se ha realizado una auditoría forense para evaluar la responsabilidad de aquellos que sabían o debían saber que muchas de esas emisiones no contaba con fuentes de repago. Ayer no actuaron en defensa del interés público del pueblo, sino de sus propios intereses económicos y hoy pretenden hacer borrón y cuenta nueva. La impunidad es aún peor que el delito, porque lo institucionaliza. Como pueblo tenemos que repudiar este acuerdo y sus clausulas de inmunidad”, comentó Eva Prados Rodríguez, portavoz del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
“En esos acuerdos, los mismos que participaron del endeudamiento del país, como Gerardo Portela, ex-oficial del Banco Santander y luego director de AFAFF, y Jorge Irizarry, Carlos García y José Ramón González, ex-directivos del BGF, intentan que nadie les pueda demandar por su responsabilidad al país sobre esta debacle financiera, comentó Julio López Varona, portavoz en Puerto Rico de los Hedge Clippers y director de campañas en el Center for Popular Democracy.
López Varona añadió que de aprobarse los acuerdos del BGF, las cooperativas están renunciando a su derecho a reclamar ante las terribles pérdidas que han sufrido y ser partícipes de este encubrimiento. También el peso principal del pago de estos acuerdos caerán en los Municipios, que ya están enfrentando terribles retos económicos, y por tanto, directamente en la ciudadanía a través del pago del IVU, CRIM y más recortes en servicios municipales para el pueblo.
Las organizaciones también se expresaron en contra de los acuerdos con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). La UTIER, representada por su presidente Ángel Figueroa Jaramillo y José Rivera, presidente de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la AEE, denunciaron que el pago a los bonistas se va a financiar con la implantación de un nuevo Cargo de Transición, que se pagaría en la factura de todos los abonados y de haber algún proceso de privatización, los privatizadores no asumirán ninguna responsabilidad sobre la deuda.
Además, el Acuerdo de la AEE mejoraría la categoría de tenedores de bonos de no asegurados a asegurados, lo que limitaría la viabilidad de una reestructuración sólida de la deuda de la AEE, por lo que se obstaculizaría la recuperación de la economía y la crisis fiscal de Puerto Rico.
“Lo que se pretende acordar con los bonistas de la AEE es otro acto de traición al pueblo. Con este acuerdo se busca beneficiar a los acreedores por encima del pueblo de Puerto Rico, imponiendo aumentos en las tarifas de luz para el re-pago de esa deuda a una economía que todavía no se recupera del paso del huracán María. A su vez, implicará un aumento a largo plazo de la deuda total que tendremos que pagar“, comentó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.
Las organizaciones señalan que los acuerdos, incluyendo el de los acreedores de COFINA, significarán “ganancias exorbitantes para especuladores financiero a costa de la ciudadanía que nada tuvo que ver en estas decisiones, a través del pago del IVU, cierre de escuelas, el aumento de los peajes, de la energía eléctrica, recortes en pensiones, la falta de servicios médicos, la condiciones de las carreteras, el despido de empleados públicos, etc”.
“En el caso solo de COFINA, aunque se plantea una reducción a la deuda de $17.5 billones, en realidad todavía el pueblo tendrá que pagar $33 billones de una deuda que solo tiene de principal $17 billones. Hay fondos buitres que estarían generando ganancias multimillonarias y que incluso han aumentado sus inversiones después de María”.
Mañana se celebrará en la Sala 904 del Tribunal de San Juan en Hato Rey la vista judicial sobre la demanda radicada por la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda para pedir acceso a información del BGF y AFAFF.
